Traslado de Édgar Patana fue decisión de Gobierno

La decisión de trasladar a Édgar Patana, del penal de San Pedro a la carceleta de Patacamaya, fue decisión del Ministerio de Gobierno y de Régimen Penitenciario, aseguró ayer su abogado, Franz Zabaleta. El exalcalde de El Alto fue denunciado, por el diputado opositor Amilcar Barral, por extorsión, por vender y construir celdas en el centro de reclusión paceño.

“La decisión fue arbitraria, sorpresiva e ilegal. Se debe a una determinación administrativa de Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno, de antemano, la decisión es contraria de la determinación establecida por el Órgano Judicial”, aseguró Zabaleta en contacto con EL DIARIO.

El traslado del San Pedro al recinto pentenciario de Patacamaya fue confirmado por el comandante de la Policía, Yuri Calderón, quien aseguró que desconoce las razones del cambio.

“Entendemos que son disposiciones judiciales, la Policía solo tiene que brindar seguridad, no entiendo los por menores”, declaró.

No obstante, el director nacional de Seguridad Penitenciaria, José García, aseguró que el traslado de Patana responde a “disposiciones superiores” presentadas mediante una resolución emitida por el Consejo Penitenciario.

“Desconozco los motivos por los cuales se lo trasladó a ese recinto carcelario, generalmente se lo hacen a otro departamento, en este caso, esto lo debe responder el Director de Régimen Penitenciario, (Samuel Villegas)”, declaró.

Sin embargo, el abogado de Patana, Franz Zabaleta, aseguró que no se notificó a las partes correspondientes para el traslado de su defendido, calificándolo de arbitrario, sorpresivo, abusivo e ilegal.

“Vamos a interponer las acciones a efectos de hacer respetar los derechos del señor Patana, no se puede tomar esta determinación sin velar la seguridad de un detenido preventivo”, aseguró.

Añadió que el exalcalde está en proceso de recuperación a causa de una operación de hace ocho meses y que el cambio de penal es un atentado contra su salud.

Anunció que se interpondrá una acción constitucional para preservar la salud y la seguridad de Patana, “el sistema boliviano es garantista, bajo esa figura, deben tomarse los recaudos y poner en conocimiento las decisiones que se asuman, ya sean administrativos o judicial que deben cumplirse y no se lo hizo”.

“No especifica las razones del traslado, solo se notifica la necesidad del cambio. (En esas circunstancias) es imposible que él se defienda, no se puede trasladar dos o tres veces por semana a sus audiencias en El Alto, lo perjudican, este lunes tenía una audiencia a las 90.00”, aseguró.

El traslado se realizó el pasado viernes en altas horas de la noche. Se asignó una cápsula de seguridad compuesta por 10 policías y tres vehículos. EL DIARIO intentó comunicarse, con el Director de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, para obtener mayor información, pero no respondió a las llamadas.

“PATANA EL JILATA DEL SECTOR LA POSTA”

El escándalo se conoció con la denuncia del diputado de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral, quien aseguró que Patana era el “jilata” (jefe) del sector la Posta, del penal de San Pedro. Además era quien construía y vendía celdas al interior de la cárcel.

Sin embargo, el pasado martes, Barral fue acusado de extorsionar a Édgar Patana. En un operativo a cargo de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci), se aprehendió al asistente del diputado supuestamente en flagrancia recibiendo un sobre con dinero de parte de un interno del penal de San Pedro.

Se presume que el monto económico era para evitar que Barral hiciera un pedido de informe al Ministro de Gobierno Carlos Romero, sobre las construcciones de celdas en el sector La Posta, donde Patana era delegado.

DENUNCIAS

La Sala Penal Segunda del Tribunal de Justicia de la ciudad de La Paz dictó detención preventiva en el Penal de San Pedro para Patana, por el caso denominado buses Sariri. En 2014 Patana compró 60 buses sin contar con una información de precios referenciales, incumpliendo el Decreto Supremo 181.

La ex autoridad en mayo de 2018 se benefició con la detención domiciliaria por la denuncia de una supuesta entrega de 14 vehículos del municipio a dirigentes de organizaciones sociales.