Irregularidades y extorsión priman en cárceles del país

Irregularidades y extorsión priman en todas las cárceles del país. Políticos, policías, abogados y jueces se ven involucrados con la actual crisis del sistema carcelario, aseguró ayer el exdirector de régimen penitenciario, Ramiro Llanos, después de las recientes denuncias de corrupción donde están involucrados el exalcalde de El Alto, Edgar Patana, y el diputado suplente, Amilcar Barral (UD).

El experto explicó que la única forma de cambiar esta situación es transferir la administración de policías a civiles, promulgar una nueva ley de Régimen Penitenciario y cerrar la cárcel de San Pedro.

Tras la denuncia del diputado Amilcar Barral, en contra al exalcalde de El Alto, Edgar Patana, a quien acusó de vender y construir celdas en el sector la Posta, en la cárcel de San Pedro, salió a luz este escándalo que involucra, ahora, a un legislador.

“Todos viven de los presos, policías, jueces y abogados, todos se benefician de ellos. Nadie se anima a cambiar (el sistema carcelario), el dinero le llega ahora al poder político de oposición y oficialismo, por eso no cambian el sistema”, afirmó Llanos.

Agregó que antes los abogados y jueces extorsionaban a los reclusos, a quienes les prometían su libertad. Después, los policías se involucraron en una serie de cobros y “favores” a los reos. El último hecho suscitado con el diputado opositor demuestra que los políticos también están vinculados en irregularidades y supuesta extorción a privados de libertad.

Explicó que los grupos de poder al interior de las cárceles continuarán operando porque son “protegidos” por la Policía y autoridades nacionales que no se atreven a cambiarlo.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que se realizará una intervención en la cárcel de San Pedro, similar a la del 14 de marzo 2018 en Palmasola, Santa Cruz.

“Que hablen los que saben de cárceles, que hable su director (Samuel Villegas), el que corresponde, para aquellos que no quieren hablar, va el mensaje”, declaró Llanos. Aseguró que “para el que sabe y conoce la ley carcelaria es sencillo, para el que no conoce ni la puerta de la cárcel es difícil”.

CÁRCELES SOBREPOBLADAS

Datos de seguridad penitenciaria establecen que uno de los problemas por los que atraviesan los internos es la falta de sentencia ejecutoriada, el 30 % de los privados de libertad tiene condena y el 70 % restante son detenidos preventivos.

El director nacional de seguridad penitenciaria Corone, José García, explicó que, a nivel nacional, existen 18.838 privados de libertad generando un hacinamiento del 189 % en las cárceles de todo el país.

Señaló que después de la intervención a la cárcel de Palmasola, el Gobierno Nacional estableció presencia en los centros penitenciarios en Bolivia. En su criterio, las pugnas de poder, los autogobiernos carcelarios y extorsiones fueron eliminados.

Sin embargo, Llanos explicó que la única forma de cambia esa situación es transferir la administración de policías a civiles, promulgar una nueva ley de Régimen Penitenciario y cerrar la cárcel de San Pedro; eliminar los beneficios que algunos presos tienen al interior de las cárceles y separar a los internos que tienen sentencia ejecutoriada de los detenidos preventivamente

Aseguró que los internos con detención preventiva tienen que pagar para ingresar y vivir en las cárceles y que muchas el dinero es entregado por sus familias. “Los papás deben mandar remesas para que no maten y violen a sus hijos”.