Bien se puede sostener que en toda gestión municipal hay lamentos y quejas de las autoridades por el daño que hacen loteadores y “dueños de lo ajeno” por la destrucción de los bosques municipales y, además, por el hecho de que invaden los predios del municipio y los venden. Ante estas situaciones, los municipios se han visto indemnes, imposibilitados de evitarlos, aun contando con leyes y ordenanzas municipales que prohíben esas actividades que son delictivas.
Sin embargo de todo lo que se dijo muchas veces que se hace en contra de loteadores, las experiencias han mostrado que poco o nada se hizo al respecto, porque el delito ha continuado imparablemente y en todas las gestiones del municipio. Hace más de una semana, la Municipalidad de La Paz informó que “el año 2000, mediante Ordenanza Municipal Nº 147, se estableció 27 áreas protegidas”. Seguramente que esa disposición es la reposición de lo mucho que se dijo en varias gestiones; pero, en todo caso, el problema radica en que por normas que existan, la práctica ha mostrado que conductas permisivas de las autoridades determinan que los loteadores de lo ajeno aumentan -será, en parte, ¿por la falta de empleo?-.
Ligeros análisis muestran, por ejemplo, que pequeños bosques en diferentes lugares de La Paz han desaparecido o tienen, muy apenas, pequeñas muestras de lo que fueron árboles y en espacios muy reducidos porque el resto fue loteado y se ha levantado viviendas, cuyos habitantes en su mayoría seguramente sostienen tener las autorizaciones legales del caso. Sin embargo, son construcciones clandestinas, sin títulos de propiedad ni planos ni autorización alguna. Se ha levantado viviendas precarias que, por supuesto, no cuentan ni con servicios sanitarios, ni agua ni provisión de energía eléctrica.
Hay entidades burocráticas en el Concejo Municipal que señalan, por ejemplo: “El secretario de la Comisión de Planificación y Gestión Territorial del ‘Legislativo’ edil advirtió que las acciones de los loteadores están ingresando a las partes altas de los sectores este, oeste y sur de la urbe, apoderándose de áreas verdes y espacios de equipamiento”. Aquí cabe preguntar: ¿Y qué hizo el Concejo Municipal ante la situación denunciada? ¿Qué medidas punitivas se adopta en contra de los loteadores? ¿Qué sanciones hay para quienes se prueba que han cometido estos delitos? ¿Cómo se repone esas áreas verdes y arboledas, donde muchas veces las “brigadas” del municipio invaden y derriban árboles?
No existen, pues, acciones punitivas en contra de loteadores, pero abundan las quejas municipales sobre los delitos que cometen los “dueños de lo ajeno”, hecho que está en contra de leyes y ordenanzas municipales que la Alcaldía debería cumplir. Las quejas y los lamentos están muy bien, siempre que sean acompañados con información sobre las medidas que se adopta, añadiendo los beneficios logrados y, sobre todo, las sanciones que se ha aplicado a los autores de los hechos delictivos.
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