“Revisar origen de recursos de partidos es muy complejo”

La fiscalización al desempeño de las organizaciones políticas incluye revisar el origen y manejo de sus recursos económicos, aspecto muy complejo realizar al momento de verificar la existencia, o no, de contribuciones, esta tarea implica acudir a los donadores o financiadores, dijo la exjefa de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermina Terrazas.

“La UTF tiene que revisar el origen del financiamiento y algunos casos se debe monetizar los aportes, lo cual es muy complicado porque se debe lidiar entre acceder a los lugares y sensibilizar sobre esta información a los dirigentes; por ejemplo sus reuniones hacen en torno a un apthapi (comida comunitaria) o ayni (acuerdo de ayuda mutua) y todos llevan su aporte y eso se debe plasmar en un documento para sustentar contablemente”, manifestó Terrazas.

Ante este tipo de situaciones a veces los dirigentes de las organizaciones políticas tratan de evitar este tipo de información porque genera conflictos al interior de sus estructuras, sin embargo deben cumplir porque sus mismos estatutos y la normativa vigente les exigen este tipo de información.

USO DE BIENES PÚBLICOS

Otro de los factores que complica fiscalizar el origen del financiamiento de las organizaciones políticas es que en algunos casos, como el Movimiento Al Socialismo (MAS) que se encuentra en función de Gobierno, hace uso de los bienes públicos, como sucedió el 18 de mayo en la reunión de sus militantes en el aeropuerto de Chimoré.

“Cuando era jefe de la UTF me encontré con varias situaciones y tal fue el caso del partido más grande del país (MAS) y ellos mismos lo publicaron, afortunadamente, el 2014, dónde los funcionarios públicos estaban obligados a dar entre el 3 al 5 por ciento, en año electoral, les dije que esos recursos no figuran en sus estados financieros, se molestaron”, manifestó.

Es decir, la fiscalización a las organizaciones políticas tiene el objetivo de investigar, dijo Terrazas, tanto en año electoral como no electoral y los referentes que se revisan son: Patrimonio, origen y manejo de los recursos económicos, financiamiento de los gastos de la propaganda electoral e información económica y financiera de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas.

Entonces uno de los requisitos para que se realice una buena fiscalización que se fundó desde la promulgación de la Ley de Partidos Políticos en 1999, es transparentar el uso de recursos, por eso el reglamento desde esa época hasta la última que publicó el TSE, debe cumplir ese objetivo.

Por lo tanto, el artículo 39 del Reglamento de Fiscalización a organizaciones políticas, actual, indica que “la totalidad de los recursos provenientes de las y los militantes, miembros y/o simpatizantes de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas departamentales y regionales, deben ser depositados en la cuenta bancaria abierta para el efecto”.

Lo cual significa que el área contable de la organización política, sea partido político, agrupación ciudadana u organización de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos “deben registrar los recibos impresos y prenumerados; que contengan los siguientes datos”, indica el apartado de la norma sobre la fiscalización de aportes.

“a) Datos generales de la o del aportante (Nombres, apellidos, cédula de identidad u otro documento de identificación); b) Lugar y fecha; c) Número de Identificación Tributaria (NIT) (si corresponde); d) Monto del aporte en bolivianos (Bs), numeral y literal; e) Concepto (por ejemplo Aporte correspondiente al mes); f) Firma y aclaración del nombre y apellido de la o del aportante; g) Firma y aclaración del nombre y apellido de la o del responsable de la recepción”, artículo 30 del Reglamento de Fiscalización.

Sin embargo, hizo una precisión sobre el origen de la Dirección o Unidad de ésta sección, la misma se creó en el momento en que se decretó el financiamiento para los partidos políticos y la agrupaciones ciudadanas, que fueron normadas y creadas, como una respuesta del desgaste del sistema partidario, Ley 2771 de 2004 Agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas.

“Fiscalización fue creada emergente del financiamiento estatal a los partidos políticos, porque éstos recibían siempre y cuando hayan obtenido el tres por ciento de los votos válidos, en decir, la distribución de los recursos otorgados por el Estado, que para mi criterio nunca fue racional, porque eran pocos los que lograban pasar esa barrera y la mayoría quedaban fuera”, afirmó Terrazas.

Pero ahora que retornó este financiamiento a las organizaciones políticas, que se denomina fortalecimiento público e igual funcionará en etapa electoral y no electoral, pero en este proceso electoral 2019, se asignó éste financiamiento para la propaganda electoral, que el mismo TSE administrará.

Para concluir esta experiencia sobre la fiscalización de Guillermina Terrazas, comentó una anécdota que pasó sobre la rendición de cuentas del financiamiento estatal, en aquella época, éste financiamiento estaba permitido dispensar en el marco de unas partidas presupuestarias, otorgada por la CNE.

“En algún momento tuvimos un percance sobre el uso de los fondos, un partido político que no daré el nombre, hizo mal uso de los fondos porque gastó en unos envases con propaganda, lo cual no estaba permitido, entonces tuvo que reponer los fondos del financiamiento estatal de sus recursos, la norma exige y se debe cumplir”, manifestó.

NUEVE FUERZAS POLÍTICAS

El 20 de octubre de este año, se realizarán las elecciones generales para elegir nuevo Presidente y Vicepresidente de Bolivia por el lapso de cinco años, período que dura una gestión gubernamental, y uno de los requisitos fue presentar los estados financieros con corte contable al 27 de mayo.

EL DIARIO realizó una consulta con siete organizaciones políticas sobre sí cumplieron con la entrega de sus estados financieros tal cual manda la Ley Nº 026 de Régimen Electoral - Capítulo III de Fiscalización y Transparencia.

“Las organizaciones políticas habilitadas para participar en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, deberán presentar un balance actualizado de su patrimonio, incluyendo sus fuentes de financiamiento al momento de la convocatoria (…)”, suscribe el artículo 265 de la Ley 026.

Según declaraciones del Partido Nacional Boliviano (Panbol), Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Demócrata Cristiano (PDC), la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y Unidad Cívica Solidaridad (UCS), dijeron haber entregado tal cual exigió el TSE.