El sector de la construcción asegura que la situación se agrava, debido a que la inversión pública bajó en 50 por ciento, tanto a nivel central como de gobernaciones y municipios, y no existen proyectos para las empresas del sector, alertó el presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción, Franklin Pérez Jordán.
Pérez dijo que el 80 por ciento de las megaobras son ejecutadas por empresas extranjeras, en desmedro de la economía nacional, y por ello piden acceder a estas, y que se aplique márgenes de preferencia para el sector.
Recordó que históricamente no hubo experiencia de grandes obras, pero ahora que las hay solicitan participar, y aplicar el decreto supremo 3548, acordado con las autoridades nacionales del área económica.
La Cámara Boliviana de la Construcción planteó el cumplimiento del DS 3548 de mayo de 2018, la misma realiza modificaciones e incorporaciones al DS 0181 sobre las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.
La norma establece primero el fraccionamiento de las obras, y eso fue planteado al Ministerio de Obras Públicas y Planificación del desarrollo; asimismo el decreto también abre la posibilidad para que los constructores puedan elegir boletas de garantía o pólizas, pero el Fondo Productivo Social solicita boletas de garantía.
También sostiene que la devolución de garantías se lo realiza una vez que se hace entrega definitiva de la obra, y cumpla el contrato, pero lamentablemente no se ejecuta esta disposición.
PLANILLAS
Otro de los problemas que a la fecha no se pudo superar es el tema de planillas, que hay un incumplimiento constante de todas las instituciones contratantes, y lo que dicta la norma ante esta situación es ampliación del plazo o la paralización de la obra por parte de la empresa.
Es por ello que alerta que la situación del sector se agrava ante la falta de obras así como el incumplimiento del decreto, sin embargo espera que el Gobierno abra un espacio para los constructores en la edificación de los 67 hospitales.
Informó que ya enviaron notas a las autoridades del Ministerio de Economía y Planificación para reunirse y tratar el tema.
Entretanto, exigen que la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) opere bajo la normativa del decreto 185, y no a través de adjudicaciones directas a empresas nacionales y extranjeras.
Pérez cree que habría interés del Presidente en que las obras nacionales sean ejecutadas por las empresas bolivianas por los beneficios que representan, en el mercado nacional y en el dinamismo de la economía.
Por otra parte, también lamentó la fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, que lo hace después de cinco y, en algunos casos, de seis años, y sugirió que el plazo debería ser dos años, tanto para la entidad recaudadora y la Contraloría.
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