El gran fraude del Gobierno del MAS

La Constitución Política del Estado (CPE) en el Art. 196.II manda: “En su función interpretativa el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. El Art. 208.I, II y III dispone: “El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados”. Y el Art. 7 expresa que “La soberanía reside en el pueblo…..”.

Sin embargo, el gobierno de Evo Morales y su régimen autocrático han demostrado en este tiempo que en Bolivia ningún elemento esencial de la democracia se cumple, porque con la cadena del fraude para consolidar el prorroguismo indefinido han obligado e inducido al Tribunal Constitucional a cometer prevaricato, al emitir la Resolución 0084/2017 para los futuros procesos electorales y reconocer la aplicación preferente del Art. 23 del Pacto de San José y eliminar de facto el Art. 168 que limita la reelección del presidente en ejercicio,

Por otro lado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializa la candidatura del binomio del MAS en su Resolución 0645/2018, señalando que se aplica plenamente el fallo SCP 0084/2017 del TCP a las elecciones del 2019. Y de manera indefinida, en participación de delitos procesales y penales, porque al habilitar a Evo y Álvaro para los comicios del 20 de octubre de 2019 para un cuarto mandato, desconocen que la Constitución en vigencia establece solo una reelección, por una sola vez de manera continua.

Al mismo tiempo, desconoce el efecto vinculante, obligatorio y de cumplimiento inmediato del Referéndum del 21F, referido a su propia jurisprudencia electoral y el Art. 7 referido a la Soberanía del pueblo. En contradicción a los principios de la democracia, no define la segunda vuelta, dejando a la discrecionalidad subjetiva y autoritaria del presidente Morales, que olvida todo lo que dice y hace. Esto genera incertidumbre, por presiones, enjuiciamiento a periodistas que informan la verdad y al soberano opositor aglutinado en las plataformas ciudadanas, que se organizaron para la defensa de la Constitución y el voto del pueblo ejercido el 21 de febrero de 2016. Pero el servidor Morales no cumple el Art. 172 de la CPE, que ordena: “El presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución”.

Para confirmar el gran fraude, el gobierno trata de engañar y manipular a la población de Riberalta, ya que vecinos del Municipio de Loma Alta denunciaron que sorprendieron a varias personas del TSE empadronando en el Hotel Campos a gente de Beni, con los registros del Departamento de Pando, con pagos para que la gente cambie de asiento electoral, con el objetivo de incrementar el padrón electoral. Los “empadronadores en el momento de huir dejaron caer dinero en efectivo, Bs. 7.000. La directora del Sereci, Regional Riberalta, Nolvia Guzmán, interpuso una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de ese municipio en contra de Gleizi Nakashima Brito y otros por delitos electorales”.

La Ley del Régimen Electoral en el Art.238, inciso l dice: “La autoridad política o administrativa, dirigente de organizaciones políticas o cualquier persona que promueva, incite o ejecute el traslado masivo de personas con la finalidad de su inscripción y/o sufragio en lugar distinto de su domicilio, será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años”.

Estos hechos, de conocimiento público, son pruebas de que en Bolivia vivimos un Estado autocrático, no hay estado de derecho ni independencia de los órganos del Estado, se viola los derechos humanos y las libertades individuales. Ahora descaradamente están organizando el gran fraude para hacer que gane el binomio Evo – Álvaro, utilizando el dinero del pueblo. Por lo tanto exigimos la renuncia del TSE y un Nuevo Padrón Electoral.

El autor es Economista – Abogada Constitucionalista.