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Concejal del MAS

Traslado de gente de Beni a Pando es recurrente

> La Alcaldía de Riberalta se adhirió en la denuncia contra la funcionaria Gleizi Nakashima Brito, que es hermana de la Miss Pando 2016. En agosto del 2017 se tomó fotografías con el presidente Evo Morales


José Freddy Hassan, concejal del MAS por Riberalta (Beni).

Los lugareños y dirigentes políticos de la oposición y del oficialismo del municipio del Riberalta del departamento del Beni denunciaron que el traslado de gente e inscripción de forma irregular es una práctica recurrente en esa región, los pobladores son transportados en base a prebendas y con la finalidad de tener una mayor representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa.

“No es la primera vez que están haciendo el traslado de electores, es una práctica frecuente, donde los interesados ofrecen ciertas prebendas a los pobladores para empadronarse en los jurisdicciones colindantes”, admitió el concejal del MAS por el municipio de Riberalta (Beni), José Freddy Hassan.

El funcionario agregó que esa práctica fue heredada desde cuando Leopoldo Fernández de Podemos era prefecto del departamento vecino.

Al respecto, el representante político de la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Lucio Méndez, aseguró que estos hechos también se replicaron durante el censo de población en el 2012. “Los alcaldes del MAS trasladaron a riberalteños a municipios vecinos del departamento de Pando”, sostuvo Méndez.

La dirigente de los demócratas, Carmen Melgar, advirtió que estas denuncias fueron hechas ante las instancias correspondientes pero no hicieron ninguna investigación, uno de las acciones más frecuente era el traslado de gran cantidad de personas horas antes del día de la votación hacia los municipios de Loma Alta, Puerto Gonzalo Moreno y Santos Mercado de Pando.

Estas denuncias surgen después de que se evidenció que la funcionaria del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Pando, Gleizi Nakashima Brito, estaba empadronando a los pobladores de ese municipio para que voten en otras jurisdicciones, además que el registro se realizó en casas particulares. Los pobladores develaron que iban a recibir un pago de Bs 300, un primer monto de Bs 50 en la inscripción y Bs 250 después de las elecciones.

CAUSAS

El diputado opositor Wilson Santamaría explicó que uno de los factores para que estos hechos sean recurrentes en esa región es que el MAS tiene interés por conseguir un senador adicional para tener el control con dos tercios en la Asamblea Legislativa, advirtió que está complicado que en el próximo período constitucional el oficialismo tenga el control del parlamento.

Sin embargo, Hassan negó que el MAS esté detrás de estas irregularidades, además pidió a las autoridades del Ministerio Público investigar el caso e identificar a los responsables inmediatos y ampliar, si es necesario, contra los dueños de los domicilios y las personas que están financiando el pago a los inscritos.

CONTROL

El senador de UD y candidato a la vicepresidencia por Bolivia Dice No, Edwin Rodríguez, ratificó que los vocales del Órgano Electoral, además del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Pando y Beni, deben renunciar a sus cargos porque no existen las garantías para administrar un proceso electoral transparente.

Además señaló que las organizaciones políticas y la población deben reforzar las tareas de control en la jornada electoral, con el fin de evitar que se produzca alguna irregularidad en la emisión de los votos y el conteo de los mismos. Pero sobre todo este trabajo debe estar mejor organizado en las áreas rurales.

DENUNCIA

Por último, el concejal de Riberalta indicó que la Alcaldía de ese municipio se adhirió a la denuncia que presentó la directora del Serecí del Beni en la Fiscalía. Advirtió que estas irregularidades afectan a los recursos económicos que recibe esa región y no lo van a permitir.

El director nacional del Serecí, José Antonio Pardo, admitió la funcionaria incurrió en un delito electoral y dejó que las instancias correspondientes investiguen estos hechos. El artículo 238 de la Ley de Régimen Electoral establece una sanción de privación de libertad de entre 2 a 5 años.

 
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