Requisa destapó “negocios privados” en cárcel paceña

“No es barato estar preso en San Pedro, desde el momento que una persona cae en desgracia y es privado de su libertad, debe pagar. Por todo se paga, por tener un espacio dónde vivir, para tener un televisor, incluso para tener un calentador de agua. Muchos de estos objetos están prohibidos, pero para tenerlos hay que pagar. Y cuando hay requisas, las autoridades les advierten a los dueños de negocios privados para que escondan sus objetos (…)”, fue el relato de uno de los familiares de un privado de libertad de la cárcel de San Pedro de La Paz, a EL DIARIO.

Aseguró también que dentro del penal existen “tarifas” para todo y si el preso o el familiar se niega a pagar llegan represalias “en combinación con los mismos policías”.

Esta realidad fue desnudada ayer, cuando en operativo externo, con más de mil efectivos fuertemente pertrechados, el penal de San Pedro fue intervenido, retirando de su interior más de 500 objetos, muchos de estos de gran volumen, prohibidos en las cárceles, desde electrodomésticos hasta mesas de billar. Los familiares de los presos denunciaron a este medio que el ingreso de estos objetos están sujetos a cobros irregulares “según tarifa” en complicidad con los policías y hasta el mismo Alcaide.

Para la mayoría de las personas que reclamaban el traslado de sus cercanos a otras cárceles, “el operativo de ayer fue una simple representación, porque, quienes verdaderamente hacen negociados desde la cárcel tienen el apoyo de las autoridades internas y externas (…)”.

“Es mucho dinero el que corre dentro del penal (de San Pedro), es imposible que se desmantele semejante aparato de financiamiento, las mismas autoridades les advierten a los poderosos para que oculten sus objetos cuando llega la requisa”, declaró el familiar de un preso.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que con este operativo se logró desarticular grupos con privilegios vinculados a extorsiones, disposición de celdas y acceso a servicios dentro de la cárcel.

Se anunció que 36 reos, considerados “cabecillas de grupo de poder”, serán trasladados a otros centros, 20 a El Abra (Cochabamba) y los demás a Chonchocoro (La Paz).

Romero también informó que los sentenciados serán recluidos en El Abra, por sus trámites judiciales, mientras que los remitidos a Chonchocoro son internos con detención preventiva, pero involucrados con hechos de abuso de poder dentro el penal.

• • “Autoridades carcelarias consienten ingreso de objetos prohibidos”