Desde hace muchos años, la colectividad nacional espera que el gobierno dicte amnistía general a favor de presos, perseguidos políticos y personas que por causas políticas o cívicas se encuentran en el exilio o son acusadas por sedición, o desacuerdos con el gobierno o aquellos acusados injustamente, como es el caso de quienes tienen cargos por separatismo y otros que se encuentran presos o con arresto domiciliario -como es el caso de Dn. Leopoldo Fernández, sin un juicio que establezca alguna culpabilidad-.
Una amnistía en tiempos pre-electorales es absolutamente necesaria, especialmente si aún hay predicamento por parte del gobierno de que vivimos todos en democracia y amparados por la Constitución Política del Estado. Amnistiar a quienes se encuentran en el extranjero, sea por haber sido extrañados por el gobierno o simplemente porque se vieron obligados a abandonar el país conjuntamente sus familiares por temor a ser perseguidos o debido a amenazas que han recibido.
Una amnistía general se justificaría plenamente teniendo en cuenta, además, que este beneficio se pidió muchas veces, especialmente en épocas navideñas, sin haber conseguido receptividad positiva del gobierno. Amnistiar en el país es mostrar que se tiene respeto efectivo por el proceso electoral que se avecina y en cuya preparación se encuentran los candidatos, con inclusión del actual Presidente que busca por cuarta vez la reelección, pese al Referéndum de 2016 y a los textos constitucionales.
En la mayoría de los casos de políticos o dirigentes cívicos que se encuentran en el exterior en calidad de exiliados, las acusaciones instauradas por hechos contrarios a la política gubernamental, a las leyes o atentados a la seguridad pública nunca fueron comprobadas, no obstante, se dice, “estar todos los casos en manos de los fiscales y jueces”. Son casos que por años esperan los juicios respectivos con la presentación de pruebas y no hay posibilidad alguna de que ello se haga efectivo. En otras palabras, se está en la cárcel o se sufre exilio o arresto domiciliario con la simple acusación de lo nunca comprobado y que espera por años alguna definición o sentencia conforme a disposiciones legales.
Es, pues, necesario que el gobierno dicte una amnistía general a favor de todos los que se encuentran inseguros de su libertad, de los que se encuentran exiliados o presos o con arrestos “provisionales”, sin que se sepa si están sometidos a juicios o, si lo están, tampoco se los inculpa con las pruebas que condenarían desacuerdos o contradicción con las políticas reinantes, sin que ello esté tipificado como falta o delito. Amnistiar a quienes lo precisan es deber de humanidad y una condición para dar fortaleza democrática a las campañas pre-electorales y a las elecciones de octubre.
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