Perla informativa en defensa del voto

El equipo de prensa de Radio San Miguel, del Vicariato Apostólico de Pando, exhibió para a su audiencia esta semana una señal del fraude electoral en curso en la región nororiental: en un hotel y en casas privadas de Riberalta había un registro computarizado de votos a favor del partido de gobierno. Todo esto a cuatro meses de las elecciones.

Nada parece atenuar el delito ante las pruebas descubiertas. Multitud de papeletas de inscripción, equipos informáticos de identificación, escritorios y miles de bolivianos que un supuesto funcionario de la falsa oficina de registro desde la que operaba distribuía.

El esquema aún requiere de investigaciones más detalladas, pero dirigentes cívicos del lugar, especialmente mujeres, intervinieron uno de esos centros y, de acuerdo con videos que han circulado por las redes sociales, decomisaron material impreso, y al menos 7.300 bolivianos que uno de los delincuentes electorales utilizaba para pagar, dijeron los denunciantes, entre 100 y 300 pesos bolivianos a cada individuo que se sometía a la ilegalidad. El dinero, según dijeron en uno de los videos, sería entregado a la Corte Electoral como prueba de la irregularidad, que ahora muchos temen que esté diseminada por gran parte de los pueblos orientales.

El incidente ha ocurrido en un terreno fértil para las sospechas, que las autoridades tendrán que disipar cuanto antes para restablecer cualquier credibilidad que trataban de construir sobre el comicio previsto para el 20 de octubre. Incidentes como el ocurrido en Riberalta corroboran la suspicacia creciente por esa debatida elección.

Ante la competencia venidera, el trabajo reporteril de la emisora ha sido un alerta temprana. El alerta anuncia que hay tropelías a la vista para falsear el veredicto popular. El partido de gobierno participa en la elección, encabezado por sus dos principales candidatos, ambos vetados por ley pero impuestos por el Tribunal Supremo Electoral, que optó por ignorar el referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó las candidaturas que excedían los tiempos legales. Tanto el Presidente como el Vicepresidente permanecen en el mando desde hace 14 años, con la aspiración declarada de convertirse en gobernantes vitalicios. El incidente de Riberalta puede entorpecerles el camino.

El golpe informativo de la emisora católica, considerada como la de mayor audiencia en el nororiente y una de las pocas con alcance internacional, ha generado inquietud entre sus periodistas, temerosos de represalias de las autoridades locales. La jefe de Redacción, Carmen Ruelas Pardos, ha sido convocada por una fiscalía para declarar el lunes sobre la denuncia de una senadora (María Simone Cuéllar, del Partido de gobierno) que la acusa de “acoso político”. La acusación es anterior al incidente sobre los votantes clandestinos y se refiere a acusaciones laborales contra una empresa sin contrastarlas, sostiene la senadora, con la versión de los denunciados). Pero el Director de la emisora, Carlos Arce Castedo, ha dicho que quien irá a declarar será él, como responsable periodístico de la emisora.

La intervención de la senadora ha creado un revuelo que rompió las fronteras del departamento y ha comenzado a interesar a los diarios nacionales y a ser señalado como demostración de la senda estrecha y peligrosa por la que debe transitar el periodismo independiente en Bolivia. La dimensión que cobra el caso es algo que los que lo exhibieron no imaginaron. Arce Castedo y la jefe de Prensa Ruelas Pardos no sospecharon que la denuncia de un delito electoral infraganti se iba a convertir en una perla noticiosa causante de trastornos actuales.

Ambos son considerados periodistas de marca superior en la región y gozan de amplio respeto de su audiencia. De su lado, en defensa de la libre expresión, se han colocado las principales agremiaciones nacionales del ramo, que también estarán atentos a lo que pueda ocurrir en la ciudad capital de la goma elástica y la castaña (la nuez del Pará), que a principios del siglo pasado, junto a Cachuela Esperanza, fueron el conducto comercial boliviano para llegar el Atlántico, y una fuente primordial de ingresos para el erario boliviano.

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