Paga el pueblo el déficit de las empresas estatales

La Constitución Política del Estado (CPE) en el Art. 321-II establece: “La determinación del gasto y de la inversión pública tendrá lugar por medio de mecanismos de participación ciudadana y de planificación técnica y ejecutiva estatal. Las asignaciones atenderán especialmente a la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y el desarrollo productivo”. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales nunca aplicó el Art. 141, Participación y Control Social, que establece la participación del soberano en lo que se refiere al gasto y la inversión pública, ya que dio curso a la creación de empresas “estatales”, haciendo competencia a la empresa privada y, por lo tanto, restringiendo la inversión privada. Con esta política lo que hace es evitar la inversión, por la falta de seguridad jurídica.

Del año 2012 al 2018, el rédito de las empresas creadas por el Estado como Boltur, Cartonbol, Easba, EBA, EBIH, Ebococa, EBT, Ecebol, EEPS, Eepaf, Emapa, Insumos Bolivia, Lacteosbol, Papelbol, Promiel, Quipus, Yacana, Enavi, Enatex (cerrada por quiebra), cayó un 52%. Y en 2018 el PGE programó un crecimiento del gasto de estas compañías hasta de un 39,6%. Estos números están en rojo, porque el déficit subió de manera alarmante en los últimos seis años.

Sobre la Empresa Minera Huanuni, que tiene 3.190 trabajadores, su gerente Mario Felipez dijo: “yo quiero reducir mínimamente 500, para que la empresa sea estable, pero si yo aumento (el personal), más bien va a ocasionar que nuestro déficit pueda seguir creciendo, por eso no podemos recibir a ningún trabajador más”. La producción actual solo llega al 70% de lo programado, y hasta el momento generó un déficit de 2 millones de $us, según el cálculo preliminar al primer semestre. Con tales afirmaciones del gerente de Huanuni, se cierra toda posibilidad de que mineros del Movimiento Sin Empleo de Huanuni, que demandan una fuente de trabajo en la empresa, puedan ser contratados.

La realidad es que desde 2012 hasta ahora, las empresas estatales están en déficit, porque casi todas esas empresas fueron creadas sin estudios de factibilidad, sólo por impulsos políticos, exceptuando Huanuni, pero por administración deficiente e incapacidad, están incrementando el déficit.

En el Presupuesto General del Estado (PGE) 2019, el Ejecutivo asignó una partida de Bs 75.350 millones de gastos consolidados para las empresas públicas, que representa un incremento de un 39,6 %, en relación con 2018 (Bs 53.963 millones) y se destinará Bs.2.856 millones para el pago de salarios en esas empresas deficitarias, con soporte financiero público, ya que según el gobierno estas instituciones son vitales para la aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) revela que entre 2011 y 2016 las empresas públicas administraron Bs.612.371 millones, o sea entre 7 y 4 veces más que las nueve gobernaciones y los 339 municipios, por el centralismo nacional que no permite el desarrollo local. El economista José Gabriel Espinoza indica que en 2019 los ingresos de las empresas estatales sumaron más de 47 millones de Bs, mientras que los gastos superaron los 53 millones de Bs.

Estas empresas en su mayoría deficitarias están generando una carga fiscal. El estudio demuestra que en 12 empresas estatales, hubo pérdidas que llegaron a Bs. 3.000 millones y muchas no cuentan con un mercado interno asegurado. Esta política de despilfarro, por demagogia y mostrar un falso crecimiento, a título de inversión pública, está conduciendo a Bolivia a una desaceleración de la economía y creando mercados ficticios, como la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), que le hace competencia desleal a través del subsidio materno infantil a PIL, que entró en quiebra, se está cerrando la empresa y Delicia empieza a decaer en sus ventas. Por tanto, el gobierno debe dejar de “gastar los recursos económicos del soberano con su política de despilfarro e incremento del gasto fiscal”.

El autor es Economista - Abogada Constitucionalista.