Ley de Imprenta debe atender caso
> Los trabajadores de la prensa de Santa Cruz se declararon en estado de emergencia por acoso político por parte del Gobierno contra periodistas y medios independientes
La periodista de radio San Miguel, Carmen Ruelas, recurrirá a recursos legales para declarar la incompetencia del Ministerio Público de continuar con el proceso penal que le inició la senadora del Movimiento al Socialismo (MAS), Argene Simoni, por presunto acoso político. La trabajadora de la prensa pide que el caso se dilucide en el Tribunal Nacional de Ética Periodística, tal como lo establece la Ley de Imprenta.
“Estamos evaluando cuáles serán los recursos legales a las que vamos a recurrir para adherirnos a la Ley de Imprenta, no pueden juzgarnos por la vía ordinaria porque existe un tribunal de ética para este tipo de casos. El Ministerio Publico me citó a declarar mañana (hoy) a las 8.30, me voy a presentar y vamos a presentar las acciones que nos franquea la ley”, declaró a EL DIARIO la periodista.
La denuncia que presentó la senadora Simoni contra la trabajadora data del 6 de junio, donde solicita a la Fiscalía que se inicie un proceso por el presunto delito de acoso político debido a que se hicieron denuncias por contratos de publicidad adjudicados al municipio de Riberalta. Además alega que está mellando su dignidad y su imagen de mujer y senadora nacional.
PROCEDIMIENTO
El abogado Andrés Zúñiga explicó que una de los recursos legales que pueden accionar es la excepción de incompetencia ante el juez cautelar que conoce el caso, donde se debe establecer que la justicia ordinaria no es competente para conocer el caso, tomando en cuenta que existe un Tribunal de Ética Periodística donde se debe esgrimir estos casos.
En caso de que esta acción sea rechazada por el juez cautelar puede ser apelada, mientras tanto las investigaciones en el Ministerio Público quedan en suspenso hasta que la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia.
A la vez, manifestó que estas acciones pueden llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se presenta una acción de libertad, o en su mejor caso un Amparo Constitucional porque existen actos ilegales que están comprometiendo el debido proceso en la denuncia que se inició contra la periodista.
“Se la está juzgando en un tribunal que no es de su competencia, si ella abre la puerta de sometimiento en la justicia ordinaria posibilitará que otros periodistas sean juzgados por esta vía”, destacó el experto en derecho penal.
En el presunto caso de que se confirme la resolución negando el Amparo Constitucional, se puede acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ya que estos recursos pasan a revisión en esa instancia.
El TCP no puede rechazar la acción legal porque existen otros procesos similares donde declaró que la justicia ordinaria no es la vía para procesar a un periodista, porque existe una norma específica para sancionarlos y un Tribunal de Ética que se hace cargo de los procesos contra estos profesionales.
DENUNCIAS
Ruelas explicó a EL DIARIO que el Concejo Municipal de Riberalta presentó una lista de personas que se hacen pasar por trabajadores de la prensa, que se adjudicaron contratos de publicidad con el municipio. Se identificaron a tres de ellos que trabajan en el medio televisivo Paisaje Color-canal 11 de Riberalta. Esa instancia incluso solicitó un informe al Alcalde de ese municipio para que devele cuáles fueron los medios que se beneficiaron con los contratos.
“Esta denuncia se hizo pública por la información del Concejo Municipal, además le piden un informe al alcalde para establecer los contratos y los beneficiarios, nosotros solo hemos hecho pública esa información y esa fue la molestia. Estas denuncias van más allá, porque se identificó que la familiar de uno de los contratantes también recibió publicidad de la Alcaldía”, puntualizó la afectada.
Este medio intentó comunicarse con la senadora Simoni, con el fin de conocer su versión sobre estas vinculaciones de contratos irregulares. Pero vanos fueron los intentos, hasta el cierre de edición no contestó las llamadas a sus dos teléfonos celulares. Aunque en una declaración en medios locales de Riberalta, aseguró que continuará con el proceso en contra de Ruelas.
PRONUNCIAMIENTO
La Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, se declaró en estado de emergencia por los constantes casos de acoso contra periodistas y medios independientes, sobre todo el último hecho que se suscitó en Riberalta.
De forma extraña, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Riberalta hasta el momento no se pronunció respecto a los atropellos del que es víctima Carmen Ruelas, la reunión de esa organización se suspendió en dos ocasiones. Algunos afiliados denunciaron que la senadora oficialista está ejerciendo presión en la directiva y en un grupo de periodistas para evitar que se desarrolle el encuentro.
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