Tribunal admitió acción popular contra Revilla

La sala cuarta especializada del Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 0228/2019-S4, declaró procedente la acción popular, presentada por Teodoro Blanco Mollo y Simón Judas Apaza Rojas contra el alcalde Luis Revilla y encuentra indicios de responsabilidad en su contra, por lo que revocó el fallo emitido por la Juez de Familia Décimo Quinto a favor de la Alcaldía de La Paz en el caso del colapso del relleno sanitario de Alpacoma.

El director de Asuntos Jurídicos del municipio de La Paz, Fernando Velásquez, tras haber sido notificado con la decisión judicial, señaló que se trata de una acción alineada con el Poder Central, al atribuirle responsabilidad sin que antes concluya la auditoría ambiental.

Según una publicación difundida por el portal Detrás de la Verdad, el Tribunal Constitucional declaró la existencia de indicios de responsabilidad penal del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y ordenó remitir obrados al Ministerio Público para su procesamiento.

La situación legal de Luis Revilla podría agravarse, más aún cuando esta semana ha sido citado a declarar por el daño provocado por el colapso del relleno sanitario de Alpacoma, señala el portal.

Según el referido documento, las deficiencias encontradas tienen que ver con el diseño y operación relleno, que no hubieran cumplido con lo establecido en el manifiesto ambiental y que el suceso del pasado febrero, no solo es fruto del mal manejo en una celda o un hecho fortuito, sino de una operación no apropiada.

Señala también que el relleno sanitario está operando sin licencia ambiental desde el 1 de octubre del 2017, configurándose una sanción administrativa de impacto ambiental y violación de la normativa vigente.

Por otra parte, las medidas del plan de contingencia implementado como el represamiento de los lixiviados vertidos en el río Alpacoma, al no haberse desarrollado bajo normativa técnica en relación al tratamiento de accidentes ambientales con residuos sólidos y contaminantes similares, no garantiza la recuperación de los sitios degradados ni evita que se “percole” al lixiviado hacia aguas subterráneas oa través de los diques, señala la publicación de Detrás de la Verdad.

SIN PRUEBAS

El asesor jurídico de la comuna paceña, al respecto, afirmó que se trata de una acción sin sustento emitida por el TCP funcional al partido oficialista.

“Es una sentencia absolutamente alineada a una decisión política que no tiene en lo absoluto un marco de coherencia legal. Nos parece una aberración, sobre todo porque hacen consideraciones y atribuir responsabilidades al Alcalde (Luis Revilla) sin tener la auditoría ambiental, se han apoyado en los informes del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y del Viceministerio sobre todo, cuando son estas entidades las que han generado posteriores informes de los planes de contingencia sobre la necesidad de contar con una auditoría ambiental que establezca causas y responsables”, informó Velásquez.

El Viceministerio de Medio Ambiente determinó con anterioridad que la auditoría ambiental va a ser la instancia que establezca los elementos, por lo que extraña que el TCP, sin ninguna valoración adicional y sin requerir mayor información, determine alguna responsabilidad para el Alcalde paceño, manifestó el funcionario edil.

Según el jurista, lo que buscan diferentes instituciones del Estado es atacar a la gestión municipal y sobre todo buscar alguna responsabilidad del alcalde Luis Revilla. Velásquez aseveró que una direccionalidad malintencionada.