Las leyes y su aplicabilidad

En el país se tiene una infinidad de leyes, unas que tienen su razón de ser y otras no, algunas parecen “salidas” del arte surrealista, por lo que son poco aplicables y/o carecen de eficacia.

El Art. 1 de la CPE señala: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”. Esta definición es única en su género, no existe otra igual, donde se combina varias palabras, y resulta muy complicado materializarla.

En esa misma dirección, existen leyes que declaran como “capital” a: Todos Santos (Oruro) del ajo, de la chicha a Punata, hidroeléctrica a Colomi, del charango a Aiquile, del pan a Araní (todos de Cochabamba), de la gastronomía a la propia Cochabamba; del ají y maní a Chuquisaca, de comadres a Tarija, amazónica a Riberalta (Beni) y otros.

Por si eso fuera poco, existen denominativos para ciertas fechas, por ejemplo, “día nacional de la uva”, el último viernes de febrero a Tarija, o “año internacional de la quinua” (Bolivia - Perú, 2013).

En el plano económico, se cuenta con leyes draconianas; cualquier emprendimiento en el país se torna difícil, primero por la serie de requisitos que se debe cumplir, después por las excesivas cargas impositivas, que son prácticamente asfixiantes. El español Diego Sánchez de La Cruz, en un estudio realizado, calificó al país como “un infierno impositivo” y lo ubicó en el primer lugar del continente con muchas exigencias a sus empresas y ciudadanos. El especialista llegó a la conclusión de que “Bolivia exige a sus ciudadanos el mayor peso, mientras en el otro extremo están países como Uruguay, Costa Rica y Chile”.

Ni qué decir de la situación de los consultores en línea y por producto, donde más de una tercera parte de lo que ganan se va al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN): Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13%, Impuesto a la Transacción (IT) 3%, Impuesto a las Utilidades (IU) 20%, si a esto se añade el pago a las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), prácticamente se quedan solo con la mitad de su remuneración.

Respecto a las normativas existentes en materia penal, éstas aún son más complejas, especialmente las referidas a la libertad o la reclusión de las personas (se abordará el tema en un próximo artículo).

En ese entendido, habrá que preguntarse cuáles son las razones para la profusión de tantas leyes. Una respuesta recurrente es que la sociedad evoluciona, progresa, se moderniza y que otras veces se ralentiza, por ello (sostienen que) existe la necesidad de regular estos “nuevos” escenarios, como la internet, los delitos cibernéticos, los negocios online, la trata y tráfico de personas, el tráfico de órganos, el cambio climático, el aumento de la violencia y la corrupción, etc.

Se tiene el criterio de que la solución (a los problemas) pasa por emitir más leyes, pero está demostrado que no es así, para ejemplo basta un botón, la Ley Integral (348) para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia no ha resuelto la problemática, los hechos de violencia contra la mujer, suman y siguen. Además, resulta humanamente imposible leer todas las leyes, peor aun cuando éstas son abrogadas o derogadas continuamente; como diría el barón de Montesquieu: “las leyes inútiles arruinan a las necesarias”. Se debe simplificar y priorizar las leyes, hay unas que son necesarias y se justifican plenamente, pero otras no.

Corresponde que analicen y evalúen “serenamente” los legisladores si las normas son el instrumento más idóneo para modificar las conductas sociales; cuáles pueden ser más útiles, a fin de mejorar la justicia, la calidad de vida y lograr el bien común de las personas.

Según el español Manuel Atienza, para la elaboración de una ley debe existir la “racionalidad legislativa de la ley”, es decir, “debe primar la racionalidad lingüística, jurídica, formal-pragmática, teleológica y la ética”, no se puede sacar leyes solo por cumplir.

El proceso de creación de leyes es un espacio fundamental en la vida jurídica (con distintos matices), dado que es multidimensional y responde a una época, a la coyuntura, empero, no es menos cierto que también obedecen a intereses políticos, sociales o económicos.

La tecnología ahora permite que los ciudadanos interactúen con los legisladores, enviando datos, experiencias y opiniones, que bien pueden servir como insumos, con el propósito de contar con leyes bien hechas para evitar el exceso de normas (especialmente punitivas) y con poco criterio de la realidad.

El autor es Politólogo – Abogado, Docente UNIFRANZ.