Juez de Morochata definirá si Morales cometió falta electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) derivó la denuncia contra el candidato a la presidencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales, al juez del municipio de Morochata del departamento de Cochabamba, Omar Blanco Fuentes. La autoridad definirá si el mandatario incurrió en una falta electoral y la sanción que deberá asumir por transgredir la normativa en pleno proceso electoral.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba, Martin Montaño, explicó a EL DIARIO que el informe del Órgano Electoral fue remitido ayer, donde se instruyó que sea enviada al Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal 1, a cargo de la autoridad Omar Blanco Fuentes.

“Vamos a remitir la denuncia a esa autoridad, en base a las leyes vigentes y el reglamento que tenemos, el juez va a analizar y determinará la sanción que corresponde. Seguramente va a dar el informe con relación a los antecedentes”, informó Montaño.

El análisis del informe técnico de la comisión de análisis del Órgano Electoral concluyó que, en el marco de las Elecciones Generales 2019, se identificó una posible vulneración por parte del mandatario a la Ley 026 de Régimen Electoral.

El vicepresidente del TSE, Antonio Costas, indicó que esa instancia actuó de oficio luego de un examen del reporte de monitoreo informativo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde). Los diputados opositores Wilson Santamaría y Rafael Quispe (UD) presentaron una denuncia en el TSE, pero este no fue tomado en cuenta.

PROCESO

Montaño indicó que el juez mencionado deberá analizar los antecedentes y todos los anexos que remitió el TSE, en base a esa evaluación y basándose a la norma electoral y los reglamentos que rigen los comicios electorales, emitirá una resolución donde establecerá la sanción que deberá asumir el movimiento al socialismo (MAS).

Según el procedimiento electoral, el juez tiene un plazo de al menos 72 horas para emitir una resolución, donde definirá la sanción pecuniaria o de otra índole que deberá asumir la organización política infractora.