Negociados y desfalcos, bien gracias

El Ministerio Público repitiendo condescendencias cuando se trata de denuncias contra autoridades del Estado, descentralizadas, empresas públicas o allegados al Gobierno, procedió a dictar sobreseimiento en los escandalosos casos de Epsas, YPFB y dirigentes de los choferes sindicalizados.

De noviembre de 2016 a febrero de 2017 la ladera este y la zona Sur de La Paz sufrieron una crisis de agua potable, abarcando más de 140 barrios de la ciudad, con enormes dificultades para sus vecindarios. No obstante, Epsas conocía el problema desde mayo 2016, pero no alertó ni menos estudió posibles paliativos. Los máximos ejecutivos de la Agencia Reguladora de Agua (AAPA) y de Epsas fueron sustituidos y ambos ejecutivos y sus inmediatos resultaron denunciados penalmente, quedando al cabo de dos años libres de pena y culpa. Fue beneficiada a su vez la ex ministra de Agua y Saneamiento Ambiental, Alejandra Moreira, y al parecer premiada con una embajada.

Similar suerte le ha deparado el Ministerio Público al ex presidente de YPFB, Guillermo Achá, sindicado por delitos en la compra de taladros para uso de la entidad, defraudación que alcanza a 30 millones de dólares. Fue sobreseído de los delitos de conducta antieconómica, tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento y solo ha sido imputado por el benévolo delito de “incumplimiento de deberes”. El sobreseimiento fue denunciado por el senador Oscar Ortiz, añadiendo que requirió el pronunciamiento del Ministro de Justicia, del Contralor General y del actual presidente de Yacimientos. En tanto una serie de funcionarios de segundo nivel permaneció en prisión preventiva, Achá gozó de detención domiciliaria, hecho inicial y demostrativo y ahora confirmado del favor político o de otras circunstancias lindantes en corrupción.

Asimismo, recayó sobreseimiento en el desfalco de 15 millones de bolivianos del cobro de 0.20 centavos de bolivianos, recaudado en el retén de la autopista La Paz-El Alto, a lo largo de años por Vías Bolivia a los choferes del servicio público, con destino a atender la salud de éstos y sus familias. En este caso se favoreció a Ismael Fernández, Rubén Sánchez y Mario Silva, dirigentes de la Federación Andina de El Alto. Para el plantel fiscal el hecho no significa daño económico al Estado ni se trata de funcionarios públicos, pero no consideran que las recaudaciones con fines públicos o sociales merecen precisamente protección del Ministerio Público y que el desfalco es delito por corrupción.

Los afectados iniciarán nuevas causas en materia civil. Los ex dirigentes esta vez de los sindicalizados de La Paz atribuyeron los gastos a viajes, viáticos y “farras”, reconociendo la malversación, sin embargo de esta confesión, al parecer no fueron pasibles de denuncia. Sus bases se quejan de haberse manipulado las asambleas de rendición de cuentas y de sufrir represalias y amenazas. No se ignora que esos son los métodos de las dirigencias aferradas a sus funciones sindicales, en una sucesión de malos dirigentes, clonados unos a otros.