El periodismo tiene conciencia y moral al servicio del bien común

La función periodística se basa en principios que obligan a respetar valores morales inmersos en la Ley de Imprenta y otras disposiciones; así, periodistas que cumplen funciones de editorialistas, editores, reporteros, redactores y articulistas, conjuntamente empresarios de los medios, han actuado en su vida profesional bajo esas normas morales y apego a las leyes sustantivas del país; para todos ellos, la Constitución Política del Estado y las normas consiguientes han sido reglas a cumplirse honesta y responsablemente. De esta realidad es testigo y partícipe el pueblo que, a su vez, ejerce la libertad de expresión que es derecho de todos.

Exigir mediante otras disposiciones el cumplimiento de las leyes está por demás para quienes ejercen la mejor profesión del mundo que es el periodismo; y quienes desean fundar o mantener la publicación y difusión de un medio como ser prensa, televisión o radio, lo primero que cuenta en su vida y ejercicio diario es el respeto y consideración al bien común, a las autoridades legítimamente constituidas y al pueblo que debe tener conciencia sobre el cumplimiento de las leyes.

El periodismo boliviano nunca ha desestimado o negado su concurso para acatar las leyes; al contrario, ha sido medio sustantivo y definitivo para el restablecimiento de la libertad, la democracia y la justicia cuando han imperado en el país regímenes de facto o dictatoriales; periodistas y medios han jugado papel importante para que se restablezcan los derechos del pueblo y para que la democracia tenga plena libertad y vigencia; no han necesitado, en ninguno de sus niveles, exigencias o amenazas para el cumplimiento de deberes y obligaciones; al contrario, han sido incitadores y propugnadores para que se cumplan la Constitución y las leyes.

Dictar leyes, decretos o cualesquiera otras disposiciones para que los medios y los periodistas cumplan sus deberes resulta innecesario, no tiene asidero alguno porque los medios, conjuntamente los periodistas, editorialistas y articulistas han sido siempre los promotores y divulgadores de la CPE y de las disposiciones legales en general porque las consideraron necesarias, acordes con la verdad, la urgencia y las necesidades del país y su pueblo.

Las condiciones de tener conciencia y moral para el cumplimiento de deberes han sido la piedra fundamental de principios porque se considera que la comunicación social es derecho y deber de todos los habitantes y estantes sin excepción alguna; se ha sostenido que los mismos gobernantes y políticos tienen pleno derecho a la libre expresión, a la difusión sin cortapisa alguna y sin freno legal que evite el ejercicio pleno de esta libertad. Nadie, por poder que tenga, puede decir que la prensa en Bolivia no ha cumplido sus deberes y obligaciones con honestidad, honradez y responsabilidad y, dentro de esos marcos, ha condenado y reprochado el ejercicio de una comunicación social no acorde con la libertad porque fue defensora sólo de intereses y conveniencias creados.

El gobierno, en el tiempo que lleva en el poder, ha dispuesto medidas para que los medios publiquen gratuitamente el avisaje gubernamental, una medida arbitraria que nunca enfrentó la prensa; como era lógico, los medios, conjuntamente sus instituciones empresariales, han reclamado, puesto que la publicidad es vital para la supervivencia de cualquier medio -salvo de aquellos que sirven conveniencias o intereses creados y cuentan con subvenciones especiales que les permite sufragar gastos y cubrir costos-.

En abril pasado, el gobierno se comprometió anular las disposiciones que establecían el avisaje gratuito; pero, hace pocos días, el Senado Nacional decidió mantener vigentes tres leyes que son atentados a la libertad de expresión y prensa y una de esas disposiciones establece montos de dinero que se cobraría a los medios que incumplan lo que esa disposición señala. Los medios de comunicación tienen altos costos de operación y la obligación del avisaje gratuito es atentatoria no solamente contra la economía de ellos sino, en general, contra la libertad de prensa y de empresa y es medida que, prácticamente, parecería buscar la anulación o clausura “voluntaria” del medio por la imposibilidad de mantener vigentes sus ediciones.

Mantener la gratuidad y obligación de espacios preferenciales en los diarios resulta imposible si se continúa con la medida, se corre el riesgo de graves quebrantos que implicarían, más temprano que tarde, el cierre y, por supuesto, la cesantía de personal que, por calificado que sea, no pueda conseguir nuevas situaciones en medios o empresas de prensa que ya cuentan con personal.

Los diarios, por principio moral y por mantener una conciencia libre de ataduras obligadas, como sería el avisaje gratuito, rechazan la gratuidad del avisaje, ya que es un grave atentado a los derechos humanos porque las empresas tienen el deber y el derecho de mantenerse mediante ingresos que dan la circulación -que, en la mayoría de los casos, no cubre los costos de papel y tinta- y, por otro lado, la publicidad comercial o privada. El gobierno tiene presupuestos especiales para propaganda y publicidad, recurrir a los medios en actitud pedigüeña y obligatoria, no debería ser labor del gobierno puesto que esta obligación es contraria a la libertad de expresión y prensa.

Las libertades en democracia no pueden ser violadas ni anuladas ni controladas mientras no haya atentados contra la CPE y las leyes; su vigencia tiene especial preponderancia mediante los medios de comunicación que gozan de integridad moral porque actúan en planos de conciencia libre, honesta y responsable; imponer lo contrario sea con amenazas, multas u otras sanciones contraría principios fundamentales de la Constitución y son atentatorias contra la libertad de expresión que es la fortaleza de las libertades que son primigenias y sagradas del pueblo.