Un gobernador cuestionado

El aparato administrativo del Estado boliviano señala constitucionalmente los niveles de autoridad y gestión, en el gobierno central, las gobernaciones departamentales y las alcaldías o gobiernos municipales; en todas estas instancias las autoridades deben ser electas por voto de los ciudadanos a través de los partidos políticos.

En el hermano departamento de Chuquisaca, hace ya varias gestiones está ejerciendo como gobernador Esteban Urquizu, de supuesto origen indígena o más bien representante de este sector, aunque su apellido sea de origen hispano. Para que sea elegido este dirigente político del oficialismo, el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca realizó una serie de artilugios, para que éste se haga de la gobernación, por lo que luego esas autoridades electorales fueron echadas de sus cargos y supuestamente procesadas, decimos supuestamente porque todas las acciones judiciales contra funcionarios oficialistas o al servicio del poder político oficial, quedan en nada.

A raíz de la aprobación de la nueva Constitución Política del ahora Estado Plurinacional, el cuestionado gobernador declaró: “ahora el 6 de agosto no tenemos nada que celebrar”, seguramente en referencia al Estado Plurinacional festejado en enero, pero el 6 de agosto siguiente, se presentó con la banda tricolor boliviana en el pecho y festejó la efeméride republicana.

La resistencia a este gobernador en la ciudad de Sucre es tal, que no hace mucho tiempo la ciudadanía lo persiguió en las calle de esa ciudad, echándole cáscaras y basuras, acompañadas de gritos e insultos. Y tal gobernador tuvo que huir en la motocicleta de alguno de sus guardaespaldas.

Este individuo que ejerce una alta función en el Estado boliviano, hace unos días, al ser consultado sobre su opinión sobre algún asunto de interés público por unos periodistas-reporteros en la sede de sus funciones: ¿Por qué no responde…?, espetó irrespetuosamente: “porque no me da la gana de responder”.

Esta lamentable respuesta del gobernador “masista” vulnera normas constitucionales, de tratados internacionales, declaraciones de las Naciones Unidas y de organismos regionales y muchos otros sobre libertades y derechos ciudadanos fundamentales, entre ellos a la libertad de información, que hace a los derechos de libertad de pensamiento, de expresión y de prensa.

En un estado de derecho y de democracia, las coyunturales autoridades tienen la obligación de informar ante los requerimientos de los periodistas y de cualquier ciudadano, pues el ejercicio del control social es parte de un derecho ciudadano fundamental, lo que importa que ese gobernador vulneró un importante derecho humano.

Esta autoridad recientemente ha sido denunciada por conducta “libidinosa” en contra de una mujer, la misma que fue grabada y subida a las redes sociales, conducta que ocasionó la condena enérgica de las organizaciones femeninas y asambleístas de oposición, que presentaron una denuncia a la fiscalía, la que extrañamente la rechazó, con argumentos inconsistentes, demostrando una vez más que la ley solo se aplica para los críticos del régimen, no para los oficialistas, que pueden hacer lo que les dé “la gana”.

La gestión pública en estos tiempos de la “era del conocimiento” debería estar a cargo de personas formadas profesionalmente, con experiencia en el servicio público y mejor con virtudes éticas, y no de individuos improvisados y de escasa formación.

Una buena gestión pública responde a una buena formación intelectual y a mucho amor a la Patria.

El autor es Abogado y Politólogo.