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Libertad de expresión en riesgo

Prensa nacional e internacional alerta ante constantes agresiones

> El trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación es cada vez más complicado. Los trabajadores de la prensa sufren desde ofensas, censuras, hasta procesos judiciales


PERIODISTAS EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE PRENSA.

Suman y siguen las agresiones contra el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. En las últimas horas se desvelaron dos hechos en La Paz y Cochabamba que llamaron la atención, en tanto, que en el exterior salen a la luz casos de Ecuador y Honduras donde también los trabajadores de la prensa son amedrentados.

FUNCIONARIA AGRESIVA

La exjefa del área de Comunicación del Ministerio de Justicia, Katherina Pasciuta, en un audio filtrado en los grupos de WhatsApp de los periodistas arremete e insulta a una subalterna y a todos los periodistas a quienes llena de calificativos.

“A mi tú no me vas a venir a dar órdenes, si bien te dijo el doctor ‘que a los medios de comunicación los atiendo yo’, no soy tu secretaria querida, para que me derives a 100 pelotudos de la prensa para que tenga que atender mientras atiendo al ministro, eso que te quede claro”, le dice Pasciuta.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia calificó como un exabrupto la actitud de su funcionaria a quien removió de cargo. Por su lado, la servidora agresora se disculpó argumentando que el audio filtrado fue grabado sin su autorización.

CANAL DE TV

La directora de la cadena privada de televisión ATB-Cochabamba, Angélica Lazarte, solicitó garantías para el trabajo periodístico y rechazó “toda forma de presión y amedrentamiento que busca acallar el trabajo de la prensa y generar condiciones para la autocensura”.

En una carta enviada a la Unidad de Monitoreo de la ANP-Diarios, Lazarte denunció el “amedrentamiento y amenazas” expresadas por el jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Maximiliano Dávila, contra la Red ATB por un presunto interés de desvirtuar investigaciones contra un empresario de la ciudad de Cochabamba.

El jefe policial se halla entre 10 personas denunciadas por el empresario, por presuntos delitos de extorsión, consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías, y el caso fue difundido por la red privada de televisión como una noticia en su espacio denominado “Expediente judicial”.

HONDURAS

En tanto, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) hizo un llamado al Gobierno de Honduras a garantizar y prevenir cualquier situación que atente contra la seguridad y la vida del personal de radio Progreso, así como de los defensores de los humanos.

ALER, mediante un comunicado, expresó su preocupación por la grave situación de violencia social y política que vive Honduras. También denunció actos de agresiones, amenazas e intimidación contra varios comunicadores de radio Progreso.

“Las fuerzas militares muestran procedimientos irrespetuosos y violatorios de los derechos humanos. En este contexto, el 24 de junio, se registró la incursión de la Policía Militar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde una veintena de estudiantes resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad por disparos de bala. Según Amnistía Internacional, las dos últimas semanas han muerto 2 personas y 19 han resultado heridas por armas de fuego en enfrentamientos con la fuerza pública. Por ello nos unirnos a las organizaciones nacionales e internacionales que condenan estos hechos que buscan acallar la voz y frenar movilización del pueblo hondureño”, dice parte del comunicado.

ECUADOR

Los jueces Patlova Guerra, Paulina Grijalva y Henry Cáliz, integrantes del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha, dictaron una resolución que establece 15 días de prisión para el director de Fundamedios, César Ricaurte. Lo acusan por emitir una opinión en contra de Jorge Jurado, exembajador de Rafael Correa en Alemania y por, supuestamente, iniciar un enfrentamiento con él, provocando una caída que le causó lesiones.

Según el Tribunal, Ricaurte cometió una contravención de cuarta clase, amparada en el artículo 396 del Código Integral Penal (COIP), que establece que “la persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra” será sancionada con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Este artículo, también señala que “la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto”.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2018, cuando Ricaurte junto a su esposa ingresaron a un supermercado al norte de Quito. El director de la organización se percató que en la caja se encontraba Jurado, una persona muy cercana al expresidente, conocido por descalificar, a viva voz, a quienes no se alineaban al pensamiento de Rafael Correa. En ese momento, le comentó a su esposa: “Mira ahí está un correísta blanqueado”. Posteriormente, siguió su camino y Jurado lo enfrentó violentamente con gritos e insultos.

 
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