Con documentos falsos garantizaban a delincuentes

Un grupo de mujeres y hombres, calificados como “juramenteros”, vendían sus direcciones para que malhechores con cuentas pendientes en la justicia puedan obtener su libertad o cumplir con otros requisitos para salir de la cárcel, ofrecían sus servicios en puertas de los juzgados, informó ayer el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

“Mediante un trabajo de inteligencia se logró aprehender a un grupo de falsificadores y ‘juramenteros’ que se dedicaban a garantizar a delincuentes que obtenían medidas sustitutivas en las cárceles”, declaró.

Quiroga explicó que el grupo conformado por Rosario S. L., Juan J. O.M., Mónica P. F. Q., Florencia C. M. Juan C. C.C. armaban carpetas con documentación que servía de garantías a personas procesadas por la vía penal.

Varios delincuentes aprehendidos requerían estos servicios para desvirtuar los riesgos procesales interpuestos en su contra en diferentes procesos penales, de esa manera lograr la detención domiciliara; inclusive la libertad.

“Se dedicaban a garantizar a delincuentes para que puedan verse beneficiados a salidas alternativas dentro del proceso penal, mediante ese modus operandi muchos antisociales reincidentes fueron liberados y volvieron a delinquir”, puntualizó.

La investigación fue encabezada por la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (Daci), de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), según el reporte policial la red de falsos juramenteros operaba hace más de un año. Los cinco aprehendidos llegaron a beneficiar a más de 40 delincuentes.

El viceministro Quiroga aseguró que varios integrantes de esta organización criminal trabajan en colaboración de abogados, Juzgados Anticorrupción y Cautelares en la ciudad de El alto y La Paz, conformando un consorcio delictivo.

El director del Daci explicó que en una vivienda allanada, propiedad de los falsos juramenteros, se encontró dos autos y varias autopartes, presuntamente que los delincuentes dejaron como garantía, para contar con los servicios de garantía.

“Existían talonarios de entidades financieras donde se evidenció que los delincuentes depositaban montos económicos a los juramenteros. Además, se incautó folios reales, croquis de domicilios y varias cedulas de identidad falsas, vacías para llenar”, declaró el oficial del Daci.

Añadió que los principales clientes del consorcio criminal eran ciudadanos peruanos con antecedentes penales por robo y robo agravado. El director Felcc, Sergio Bustillos, explicó que los aprehendidos tienen un amplio prontuario criminal y que dos cabecillas del consorcio ilegal se encuentran prófugos.

“Estas personas repartían volantines, ofreciendo esos servicios, todos cuentan con antecedentes penales, uno de ellos, el esposo de Mónica F, fue aprehendido por robar un vehículo, pero actualmente se encuentra libre y trabaja en una línea de radio taxis”, declaró.

Finalmente, Quiroga aseguró que se identificó tanto a los funcionarios que trabajaban en los juzgados y los nombres de los abogados que participaron en los falsos juramenteros, quienes inclusive permitieron garantizar con un inmueble a más de 40 procesos penales.

“Se identificó, al menos, siete juzgados y varios abogados, pero no se darán nombres por no entorpecer la investigación del Daci y la Felcc. Se pedirá al Ministerio de Justicia que se apersonen como coadyuvante en la investigación”, refirió.