La coca, problema de nunca acabar

Desde hace más de cincuenta años la ciudadanía escucha sin descanso y alarma la costosa y ruidosa letanía del problema de la producción de coca, fabricación de cocaína, comercialización y distribución mundial del estupefaciente y otros lamentables escándalos.

Se gastó millones de dólares, se preparó planes para su control y erradicación, se adoptó medidas de la más variada naturaleza, fueron movilizados la policía y el ejército, se produjeron decenas de muertos y una lista interminable de efectos y, pese a todos los esfuerzos, la cuestión sigue existiendo y creciendo en todo sentido. Todas las recetas fracasaron con un enorme cero.

El gobierno de Evo Morales Ayma aseguró hace trece años que resolvería el asunto por medios pacíficos y sin muertos, a diferencia de lo que hicieron gobernantes anteriores. Prometió reducir las áreas cultivadas de coca, eliminar los pozos de maceración, poner fin a la fabricación de cocaína, frenar el consumo de la droga, no más muertos y otras promesas. Pero todo terminó en cero.

Para completar esas ofertas, se expulsó a la DEA y al embajador de Estados Unidos, diciendo que no tuvieron buen resultado sus métodos de erradicación, como coca cero, dos mil dólares por hectárea erradicada y otros sistemas, pero ahora la situación empeoró. Todo acabó en un enorme cero.

En efecto, el problema se mantiene latente en medio de graves incidentes, como el que estalló en días pasados al descubrirse la infiltración de grandes narcotraficantes en altas esferas del Estado, en los altos estratos judiciales, los mandos de la policía, dependencias oficiales, implicación de altas autoridades, reiteración de que el jefe del Estado preside seis federaciones del Chapare que producen casi toda la materia prima para la producción de cocaína. Una revista brasileña hizo la injuriosa crítica sobre que Bolivia tiene un “narco Estado”.

Ese rosario de denuncias al parecer se confirmaron con ciertos hechos en los que se ven comprometidos altos magistrados, jueces, máximos jefes de la policía, funcionarios públicos, instituciones de la administración pública, muchos de los cuales tenían relaciones con el traficante Pedro Montenegro, reclamado por la justicia de Brasil.

Son más de cincuenta años de lucha contra el narcotráfico y todo queda en cero y ahora surge la cuestión de Adepcoca de los Yungas de La Paz, con las mismas características del pasado: represión, muertos, presos, disparo de armas. El problema es interminable, se agrava día a día. Se debe buscar solución y ella es posible sin sangre, balas ni muertos. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?