TSE nada confiable

En los trece años de administración del MAS en el Gobierno, paulatinamente se ha procedido a una completa desinstitucionalidad, en una muestra absoluta de atentado al sistema democrático y a la Constitución Política del Estado. Todos los órganos del Estado, tribunales de diferente naturaleza, autoridades nacionales, etc., dependen de la cúpula masista del Órgano Ejecutivo.

Así el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que después de organizar el referéndum de 21 de febrero de 2016, mostraba cierta independencia en sus actos, y parecía constituirse en garantía de materia electoral. Simplemente dejó de hacerlo (luego de la renuncia de tres de sus vocales –Katia Uriona y José Luis Exeni, primero, y Vania Sandóval después-, al parecer por cierta presión gubernamental) para incorporarse descaradamente al régimen de entidades controladas por el oficialismo. Una lástima, en una función tan delicada como importante, para la marcha de una real democracia.

Al presente el TSE, integrado por cinco vocales allegados al masismo y uno, el Sr. Costas, de conducta rara, se encuentra a cargo de la administración del periodo electoral para las elecciones generales de octubre próximo, demostrando una completa sumisión al Órgano Ejecutivo, motivando una justa reacción de la ciudadanía en general, y de los partidos políticos en particular. Anecdótico: es tan masista este Tribunal Electoral, que agrupaciones de este partido político inmediatamente han salido en su defensa.

El Tribunal Supremo Electoral para su actividad específica tenía que haberse atenido, exclusivamente, al marco legal previsto en la Ley 026, promulgada por Evo Morales Ayma, en fecha 30 de junio de 2010, y que se denomina Ley del Régimen Electoral. Siendo un tribunal independiente, su misión era muy simple, aplicar la ley. No lo hizo, por el contrario, mostrando su dependencia de la cúpula oficialista, incumplió varias normas previstas en dicho cuerpo legal (Arts. 46, 52 Num. III, 208, 209, 210 Num. I inc. b, y otros) favoreciendo a la candidatura ilegal, “imposible”, Morales-García. Pero lo más grave en esta conducta estriba en la transgresión, grosera e incomprensible –en el marco de lo legal y de lo constitucional- de toda la normatividad referida a la institución democrática denominada Referéndum. Y es que efectuado éste, el 21 de febrero de 2016, que tiene “vigencia inmediata y obligatoria, y… de carácter vinculante” (Art. 15 Ley 026), y por mandato del Art. 190, Ley 026, su resultado “no puede ser anulado por ninguna causa y ante ninguna instancia”, por tratarse de una decisión prevista en la “democracia directa y participativa”.

Incumplió de esta manera la Ley del Régimen Electoral y, descaradamente, se sometió a lo resuelto por otra institución sumisa al masismo, Tribunal Constitucional Plurinacional, que resolvió en una Sentencia –carente de valor absoluto ante el Referéndum de 21F y plena vigencia del Art. 168 de la CPE- la “legalización” de la candidatura inconstitucional e ilegal de Evo Morales y Álvaro García. ¿No se ha iniciado así, el fraude que se avecina?

Es obvio que ante semejante conducta del TSE se hayan iniciado manifestaciones públicas de protesta de la ciudadanía boliviana, a través de comités cívicos, Plataformas de Defensa del Ref. 21F, Consejo Nacional de la Democracia, partidos políticos, etc., solicitando la renuncia de los vocales de este Tribunal, por no ser confiables para llevar adelante los comicios generales de octubre próximo. Circunstancia ante la cual el Presidente del país expresó que “la oposición ataca a la institucionalidad y busca debilitar la democracia” (sic)… Al parecer, tenemos que entender que el Presidente no tiene el concepto cabal de lo expresado referente a institucionalidad y a democracia porque, de lo contrario, estaríamos frente a otro acto de perfecto cinismo, al que se tiene acostumbrado a la población boliviana.

En esta etapa preelectoral, los despropósitos, que lindan ya en necedades, se han de constituir en algo persistente. Veamos la última: el candidato ilegal, imposible, Evo Morales, hace unos días, en Morochata, departamento de Cochabamba, manifestó expresamente: “Si me garantizan el 100% (de votos), lo que ustedes pidan el próximo año” (sic), típico delito electoral (Ley 026, Ley Electoral, Art. 119 inc. f). Ante la repercusión adversa ciudadana, tuvo que “rectificar”, señalando que ¡se trataba de una broma! Nos viene a la mente el recuerdo -meses atrás- de una visita extraña a nuestro país, la del Sr. Teodoro Obiang Nguema, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, distinguido por el presidente Morales Ayma, quien inquirió a este personaje cómo hacía para lograr el 90% de votos en cada elección presidencial en su país. El dictador africano Nguema organiza, a través de una repartición estatal, cada cinco años, elecciones presidenciales y logra ganar con el 90%, ¡cumpliendo al presente 39 años en el poder! ¿No se estará repitiendo la fórmula en Bolivia?