Para nadie es secreto que el narcotráfico ha invadido algunos cuadros policiales, haciendo parte importante de la organización criminal a oficiales de alto rango, que inclusive cuentan con un general que purga la pena de cárcel en Panamá o los Estados Unidos. Un informe de la Fiscalía General del Estado “reveló que durante los últimos trece años se registraron 105 policías de diferentes rangos involucrados en hechos de narcotráfico. Del total de las denuncias solo existen 14 sentencias condenatorias”.
Según la información de la misma Fiscalía, “105 efectivos fueron denunciados, de los cuales 42 están acusados, 16 fueron rechazados, 15 están imputados, 13 tienen sentencia ejecutoriada; sobre nueve casos no hay información del estado procesal. En la misma lista están 7 policías que han sido absueltos y tres fueron sobreseídos” (ED 19-6-19).
El caso es sumamente grave y para la población es muestra de que la entidad policial es “poco o nada confiable” por el hecho de que los últimos casos han mostrado hasta qué punto hay comprometidos oficiales de alto rango en el letal negocio. El razonamiento que circula es: “Si la Policía no tiene los elementos idóneos que debería, ¿cómo se puede confiar en ella? ¿Por qué no hay una reorganización total de los cuadros policiales, empezando por la alta jerarquía y concluyendo en la clase tropa?
El hecho de que personas de diversas actividades sean “convencidas” por los que “comercian con la gente” y reclutan cómplices para apoyarlos y encuentran “luz verde” en la entidad policial, es prueba de que hay serias fallas en la institución. Y si se toma en cuenta los casos de oficiales comprometidos en el pasado y algunos purgan sus culpas en cárceles del país y del exterior, es prueba de que poco o nada se ha hecho por reorganizar totalmente la entidad que debería ser la más confiable, la más transparente y digna de la nación.
Los empresarios de las drogas, cuyas cabezas están, con seguridad, en los países más ricos y desarrollados del mundo y debidamente mimetizados, cuentan con la organización delictiva más perfecta, porque reclutan adeptos y adherentes no solamente entre los consumidores, sino especialmente en entidades públicas y privadas, de los que ocupan cargos importantes; viven preocupados por corromper a profesionales de todo tipo y lo hacen con alguna garantía, especialmente en los estratos donde hay más pobreza de la población. Son grupos debidamente entrenados que trabajan en diversos sitios del mundo y tienen capacidad para organizar grupos de comercializadores en gran escala que, a su vez, disponen de “vendedores hormiga” que se encargan de llegar a la mayor parte de una “clientela” que el mismo vicio asegura.
Lo informado por la Fiscalía General deberá ser ampliado, aparte de que se proceda a una investigación permanente. Lo más positivo que se podría hacer es combinar con jueces para que en los casos que tienen trámites de juzgamiento, dicten las sentencias del caso y que todos los que infrinjan la ley que condena el tráfico de alucinógenos tengan procesos acelerados.
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