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Sin precedentes sufrimiento de Venezuela


 

Además del éxodo masivo de venezolanos a otros países del continente y de la represión sistemática contra opositores, ahora está confirmado el asesinato de Rafael Acosta Arévalo, Capitán de Corbeta. Fue detenido bajo acusación de conspiración y de un plan para eliminar a Nicolás Maduro. El viernes 28, conducido en silla de ruedas ante un tribunal después de haber sido “torturado salvaje y brutalmente”, sufrió un desmayo en ese recinto. Trasladado al Hospital Militar, murió en la madrugada del sábado 29.

En ningún momento país alguno de América registró una situación casi apocalíptica como la que padece Venezuela, a manos del dictador Maduro. Alrededor de 5.000 personas abandonan cada día el hermano país, aterradas por falta de alimentos, medicinas y de la imparable represión. Hasta el pasado mes de mayo, 3.7 millones cruzaron las fronteras rumbo al exterior. De éstos, 1.5 millones se encuentran en Colombia, más de un millón en Perú y el resto se reparte entre Ecuador, Argentina, Chile y otros. Este éxodo solo tiene parangón con el de Siria, país que transcurre 8 años en guerra y se encuentra muy lejos de la no menos lamentable emigración de centroamericanos en la frontera de México con Estados Unidos.

Este último asesinato en Venezuela no es el único en corto tiempo. En octubre de 2018 murió el concejal Fernando Albán, al caer de un décimo piso de las oficinas de Inteligencia. Según el Gobierno se trata de un suicidio. La oposición atribuye la muerte a torturas infligidas previamente y arrojado para simular un suicidio. Ángel Sequera, líder sindical, murió en una prisión del estado Bolívar. Oficialmente se da la dudosa versión de haber muerto por agresión de los propios reclusos. Estos crímenes son denunciados por Amnistía Internacional mediante su brazo latinoamericano. El organismo ha establecido que al presente hay 700 detenidos políticos en Venezuela, mientras para otras fuentes rondan los 800.

De nada o muy poco parece haber servido la presencia en Caracas de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de una coalición socialista en Chile. Luego de haberse entrevistado con altos personeros del régimen y con el mismo Maduro, dijo haber interpuesto sus buenos oficios a favor de los presos que “ejercieron derechos civiles y políticos en forma pacífica”. Aseguró que dejó cerca de ese Gobierno a dos oficiales de su dependencia para fines de asesoramiento técnico y de supervisión, quienes seguramente se vieron impotentes ante el reciente hecho. La ONU está emplazada por las nutridas denuncias que recibió en torno al crimen. Por su parte el Grupo de Lima conformado por 14 países de América convoca a una mayor presión parta frenar los abusos perpetrados por el régimen opresor en Venezuela.

 
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