Informe de ONU
> La oposición y la comunidad internacional cuestionan al presidente Nicolás Maduro por la violación de derechos humanos
Las fuerzas de seguridad de Venezuela han sido responsables por la muerte de 5.287 personas en 2018 y de 1.569 hasta mayo del 2019. Las han calificado oficialmente como “resistencia a la autoridad”, algo que para la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es un número “inusualmente alto”.
En un informe que presentará Bachelet, después de su visita a Venezuela el mes pasado (cuya versión preliminar ha trascendido a los medios), se indica que las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional (conocida por sus siglas como FAES) realizan operativos que pueden ser calificados como “ejecuciones extrajudiciales”.
Las fuerzas que responden al gobernante Nicolás Maduro están enviando "escuadrones de la muerte" para asesinar a jóvenes y luego, indica el reporte, alteran las escenas para que parezca que las víctimas se resistieron al arresto.
Según publicación de Univisión, familiares detallan en el informe que han visto a hombres enmascarados vestidos de negro que irrumpen en domicilios, se llevan pertenencias e incluso han forzado a mujeres y niñas a quitarse la ropa.
Los testigos, en todos los casos, informaron que las FAES manipularon la escena del crimen, plantando armas y drogas y disparando contra las paredes para simular una confrontación y resistencia a la autoridad, reporto Univisión.
Citado por la agencia Reuters, el informe dice que los asesinatos formaban parte de una estrategia del gobierno para "neutralizar, reprimir y criminalizar a los opositores y personas críticas con el gobierno".
INVESTIGACIÓN
La agencia EFE reflejó que a principios de esta semana Bachelet pidió una investigación "independiente, imparcial y transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.
El informe publicado ayer indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Ante estos abusos, "son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", subraya el informe, que destaca que "quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos".
El documento también detectó un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del Gobierno de "imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes":
"Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", concluyó Bachelet en el comunicado de presentación del informe.
Éste se publica poco después de que la alta comisionada visitó Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó -reconocido por más de medio centenar de países- y otras personalidades.
Tras su visita permanecieron en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y supervisar la situación de los derechos humanos.
"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión", afirmó Bachelet en el comunicado.
(EFE - Univisión)
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