La criminalización, el endurecimiento de las penas y, por ende, la producción de más leyes se han convertido en moneda común (de 1825 a 2009 fueron promulgadas 12.431; con el Estado Plurinacional del 22 de enero de 2010 hasta la fecha son 1.161 leyes) y los resultados han sido magros, no han contribuido a mejorar el nivel de vida, el buen vivir solo ha quedado para el discurso, los casos de violencia intrafamiliar, violaciones sexuales, tráfico de drogas, contrabando, corrupción, se han incrementado en grado superlativo.
A contracorriente de lo que sucede en otros países (especialmente nórdicos), donde se ha reducido el número de presos en las cárceles, no solo como producto del crecimiento económico y desarrollo humano que han tenido. En temas penitenciarios, para las medidas sustitutivas (alternativas) han implementado el uso de las manillas magnéticas, digitales o electrónicas, detenciones domiciliarias, trabajos comunitarios y otros, existe una visión humanitaria, donde primero se agota todos los recursos, antes de enviar a prisión, no como sucede en el país, donde por cualquier hecho se envía a la cárcel.
El hacinamiento en las cárceles es algo pavoroso, existen 19.159 reclusos (el 25% por robo, el 24 % por narcotráfico y el 19% por violación); se encuentran detenidos preventivamente el 68,13% (mientras que en Costa Rica es apenas el 13.30%), no obstante que disminuyó en comparación con otros años. Por otra parte, los centros penitenciarios se han convertido en un “negocio” para algunos reclusos (delegados), pero también para ciertos operadores de justicia, quienes se aprovechan de las desgracias ajenas.
Las políticas de reinserción o rehabilitación son un completo fracaso, la finalidad del encierro, per se, busca que la persona reflexione, se arrepienta y cambie de conducta, pero nada de eso pasa (salvo contadas excepciones, claro está), por el contrario, pareciera que “vuelven” con más ganas a delinquir, posiblemente sea por el maltrato recibido o porque han sufrido violaciones en sus derechos humanos. Algunos criminólogos sostienen que hasta los asesinos más avezados pueden recuperarse, pero, como es obvio, no todos logran restablecerse.
Los hechos policiales suscitados recientemente confirman esta teoría; en estos días se informó que la policía mediante las imágenes de un video que circuló en las redes sociales, logró identificar y detener a Jorge R. M., alias ‘El Coco’ acusado de robo, quien tenía antecedentes por delitos de tentativa de violación y asesinato, sin embargo, hace poco obtuvo su libertad. En otro caso similar, la policía logró capturar a tres individuos (José Luis L. R. de 36 años, Jimmy L. B. G. de 22 años y Peter F. M. M. de 38 años), quienes estaban a punto de cometer una fechoría, recién habían salido de la cárcel. En un tercer caso, dos sujetos (José V. B. E. de 45 años y Gloria J. T. P. de 36) fueron detenidos en flagrancia cuando se aprestaban a realizar un robo, lo llamativo del hecho es que ambos ya estuvieron en la cárcel.
Existe la tendencia en el mundo de pretender endurecer las leyes para contrarrestar la delincuencia, sin embargo, mejor fuera que la ley prevea formas concretas para que el acusado participe de “verdaderos” programas de rehabilitación y regeneración en vez de acerar las penas.
Estudios que se ha hecho sobre la dureza de las penas y el delito, indican que endurecer las sanciones no significa que se reduzcan los delitos automáticamente; la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia aumentó las penas para los “violentos”, empero no han disminuido los delitos, en feminicidios (62 casos registrados en lo que va del año), se ha tenido un crecimiento exponencial.
La prisión permanente, el castigo severo, criminalizar todo tipo de conductas o aumentar las penalidades no hace más que reproducir el “ojo por ojo, diente por diente” instituido en el Código de Hammurabi, donde la venganza y la justicia se entremezclaban; por ello, endurecer las penas no hace que la sociedad sea más segura, por el contrario, hace que la población sea más vengativa.
El “ojo por ojo, diente por diente”, que fue muy utilizado hasta finales del Siglo XVIII, establecía la proporcionalidad entre el daño recibido en un crimen y el daño producido en el castigo, “si un hombre libre vaciaba el ojo de un hijo de otro hombre libre, se vaciaría su ojo en retorno”(sic), siendo así, esto nos puede llevar a tener muchos “ciegos”.
En la actualidad esta forma de administración de justicia ha sido superada, la mayoría de los países no contempla esta medida, solo algunos estados islámicos incluyen algunos aspectos de la Ley del Talión, especialmente la sharia.
El penalista español Santiago Mir Puig al respecto dice: “no estamos yendo por el camino correcto para enfrentar el crimen y, por lo tanto, no estamos ganando la guerra a la delincuencia. Aumentar las penas a los delincuentes no sirve para nada”.
Sin duda, el debate no termina aquí, dado que hay quienes defienden los derechos humanos a ultranza, los denominados “garantistas” y otros, pese a todo, piden el endurecimiento de las penas.
El autor es Politólogo – Abogado.
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