“Informe ONU desenmascara a Maduro”

Madrid.- Leopoldo López Gil, padre del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, aseguró ayer que el informe presentado por la alta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, "desenmascará finalmente por completo al régimen autoritario de Nicolás Maduro".

Además, el documento, según López Gil, reconoce los "atropellos y violaciones" en Venezuela denunciados internacionalmente y las vulneraciones llevadas a cabo allí "bajo una estrategia sistemática para reprimir con fuerza excesiva a la oposición política y a la sociedad civil".

“Es momento para que el Parlamento Europeo tome acciones siguiendo el llamado de compromiso de la alta comisionada de la ONU en este informe", señala en un comunicado el padre de Leopoldo López, quien permanece acogido como "huésped" la residencia del embajador de España en Caracas.

En la nota, López Gil indica que está trabajando con diferentes portavoces e instituciones para poner en marcha acciones concretas para Venezuela para discutir en la Eurocámara, dentro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la que forma parte desde este jueves.

"Vamos a trabajar más duro para detener esta grave crisis que afecta no sólo a Venezuela, sino directamente a la región latinoamericana, a Estados Unidos y Europa por el creciente éxodo de la población venezolana desplazada a esos territorios consecuencia de la grave situación económica, sanitaria y persecutoria”, concluyó.

NACIONES UNIDAS

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aumentó ayer su presión contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, con la presentación de un informe que denuncia graves crímenes de Estado como la comisión de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó ayer formalmente el informe a los miembros del Consejo, que recibió el apoyo de la Unión Europea o buena parte de las naciones latinoamericanas del Grupo de Lima, pero fue condenado por la propia Venezuela y por Cuba.

"Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de derecho y varias instituciones esenciales del país han sido profundamente erosionadas, el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes, y también en operaciones de las Fuerzas Especiales", subrayó Bachelet a los periodistas tras más de dos horas de debate.

"La tortura es un grave problema, como trágicamente ha mostrado la muerte del capitán Rafael Acosta hace una semana", añadió la alta comisionada, quien se encontraba de visita oficial en Venezuela cuando se produjo la detención arbitraria del militar, fallecido el 29 de junio bajo custodia y tras ser torturado.

En su intervención ante el Consejo, la expresidenta chilena concluyó que "los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios".

Denunció que "el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión".

También lamentó "ataques contra oponentes políticos y defensores de los derechos humanos, con métodos que van desde las amenazas y las campañas de descrédito a detención arbitraria, tortura, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas".

"La única forma de salir de esta crisis es la unión, y pido al Gobierno de Venezuela que vea a la oposición y los defensores de derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación", concluyó.

En una concesión al Gobierno venezolano, afirmó que las sanciones impuestas sobre Venezuela, principalmente por Estados Unidos, "están exacerbando la situación, dado que la mayoría de sus ingresos derivan de la exportación de petróleo".

El informe, que se presenta en el mismo día en que Venezuela celebra su fiesta nacional, fue replicado de inmediato por la delegación de ese país ante el Consejo, liderada por el viceministro de Asuntos Exteriores William Castillo, quien criticó un texto "carente de rigor científico y con graves errores metodológicos".

"Usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país", dijo el diplomático a Bachelet en alusión al viaje que la expresidenta chilena hizo a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio.

Además, el documento "ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo", argumentó el viceministro, quien exigió una "corrección de su contenido".

Sobre las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y represión violenta a manifestantes, Castillo aseguró que "Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas armadas nacionales".

PIDIERON QUE ENTREGUE INFORME A CORTE PENAL INTERNACIONAL

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, solicitó ayer que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, entregue a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe que ha realizado sobre la situación en Venezuela.

A raíz de las conclusiones de ese informe, que evidenció "graves vulneraciones de derechos" en el país caribeño, Piñera anunció también que va a "prohibir el ingreso a Chile de más de 100 personas que están directamente ligadas con la dictadura de Venezuela y con los crímenes que esta dictadura ha cometido".

Además, el mandatario chileno solicitó que Bachelet, que presidió Chile en los periodos 2006-2010 y 2014-2018, le pida al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que conforme una comisión permanente que "supervigile, supervise y esté permanentemente atenta al tema de los derechos humanos en Venezuela".

El informe de la alta comisionada, insta al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en el país.

Entre otras cosas, el documento denuncia que, especialmente desde 2016, la Administración de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno" con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos. (EFE)