La promulgación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo de la Caja Nacional de Salud, efectuada el 18 de junio pasado, ha convocado el descontento de todo el sector de la salubridad del país. Antes de la promulgación, la Federación que agrupa al sector médico y afines practicó un paro de 48 horas de protesta y se propone realizar una serie de acciones hasta lograr la derogación de la norma.
Dicha ley se suma al conjunto de medidas políticas para favorecer una ilegal reelección presidencial, ante la cercanía del evento electoral de octubre, como ocurre con la “implantación” del Seguro Universal de Salud. En ese plan el Gobierno anunció la construcción de 37 hospitales de primer, segundo y tercer nivel, pero sin señalar la fuente de un financiamiento que se supone más que millonario. Acaba de caer el telón y son los recursos de la CNS los llamados a dicha inversión. La afectación a la seguridad social sería del orden de 6.000 millones de bolivianos, que la Caja tiene al presente disponibles. Llama la atención que ese capital permaneciera ocioso ante las necesidades sanitarias siempre insatisfechas de los asegurados (CNS).
El Gobierno proyecta la construcción y equipamiento de hospitales propiamente en el área rural, donde no existe gran concentración demográfica, porque así lo ha venido prometiendo en su permanente campaña electoral, mientras varias ciudades pobladas no figuran en sus planes. Se le objeta que no se justifica tal dispersión, donde el número de asegurados es escaso o nulo. Se infiere entonces que el destino es atender a la población no asegurada, vale decir volcarlo al Seguro Universal de Salud (SUS).
Quien más y quien menos se inquieta porque en 14 años transcurridos y en una época de excepcional bonanza, el Gobierno no invirtió en un servicio sanitario que por sus estrecheces configura un ridículo para el país a nivel latinoamericano. Ahora pretende “sacar las castañas del fuego” con dinero de los asegurados, menesterosos de cura a sus dolencias y enfermedades. Ahí tenemos el drama -convertido en tragedia- de los miles de pacientes de cáncer que carecen de los equipos e insumos más elementales para su atención.
Por supuesto, tanto la ministra Gabriela Montaño como el gerente general de la CNS, Juan Carlos Meneses, aseguran que las inversiones proyectadas serán destinadas exclusivamente a la población asegurada. Desde los primeros anuncios del SUS, los asegurados (CNS) observaron que no es correcto que sus aportes sean destinados a ampliar la cobertura a sectores que nunca aportaron.
El Fesimras pide participar junto al Colegio Médico de Bolivia, en la reglamentación de vigente Ley de Prioridad. No obstante, un reglamento no puede alterar ni innovar las disposiciones de una ley, teniendo un rol de simple complementación, sin afectar el fondo ni el espíritu de la norma principal.
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