Informe que provoca náuseas

Desde el jueves está en las mesas de redacción y en los escritorios de todas las cancillerías, el informe de la ex presidenta Michelle Bachelet sobre Venezuela, donde estuvo del 19 al 21 de junio pasado. El documento original, de unas 20 páginas, es una compilación abreviada de las atrocidades que identifican al régimen de Nicolás Maduro como uno de los más feroces de la historia moderna. Su lectura convoca a un repudio universal que cuestiona la complicidad de algunos regímenes del hemisferio al voltear la mirada y pretender que en la Patria de Bolívar no pasa nada.

El informe de la ex mandataria chilena, militante socialista (su padre fue torturado bajo el régimen de Pinochet), ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), circula por las cancillerías de todo el mundo y fue dado a conocer el jueves, un día antes de su presentación oficial en Ginebra, sede de esa comisión. Aún no está claro por qué la divulgación fue anticipada, pero, al parecer, se trató de un gesto de respeto hacia la fecha nacional venezolana, el 5 de julio, de manera que la presentación de un documento de un contenido tan degradante no coincidiese con el aniversario del país de donde partieron ejércitos libertadores para independizar al continente.

El informe es estremecedor en cada uno de sus 83 puntos.

El punto 41 habla sobre las detenciones. Lean ustedes una descripción:

“En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas. Las autoridades no han investigado con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia las denuncias creíbles de torturas y malos tratos, incluyendo casos de violencia sexual y de género, no han puesto a los presuntos responsables a disposición de la justicia, ni han proporcionado reparaciones a las víctimas. En particular, a menudo las autoridades judiciales han invertido la carga de la prueba al rechazar abrir investigaciones a menos que las víctimas identificaran a los responsables. Según el Ministerio Público, se han registrado 72 denuncias por supuesta tortura y otros malos tratos respecto de 174 personas detenidas en el contexto de protestas entre 2017 y 2019. No se proporcionó información respecto del estado de las investigaciones”.

El contenido parece apropiado para “Con el mazo dando”, el nombre de la columna televisiva del segundo hombre del régimen venezolano, Diosdado Cabello.

Otro párrafo de horrores: “El ACNUDH documentó casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención, en particular por efectivos del SEBIN y de la DGCIM, así como por oficiales de la GNB. Las mujeres entrevistadas dieron cuenta de agresiones físicas, tales como arrastrarlas por el pelo y tocamientos inapropiados, amenazas de violación, desnudez forzada e insultos sexistas y de género, con la finalidad de humillarlas y castigarlas, así como para extraerles confesiones”.

Igual prueba para la degradación institucional imperante en Venezuela la ofrece el párrafo 32: “Durante al menos una década, el Gobierno, así como las instituciones controladas por el Gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al Gobierno. Esta tendencia se ha aumentado desde 2016, después de que la oposición ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional, lo cual llevó a un incremento de la represión selectiva de la oposición política y a una restricción incesante del de por sí limitado espacio democrático”.

Para muchos bolivianos que encomian al régimen campesino-indígena-originario que impera en el país, no resultará agradable leer los párrafos 60 al 68 dedicados a los sufrimientos de los pueblos indígenas y la violencia con la que son tratados por el régimen de Maduro, de igual signo (Socialismo del Siglo XXI) del que se da en Bolivia.

El documento exhibe la lucha desigual por la libertad de expresión. Decenas de medios han sido clausurados, lo mismo que decenas de periodistas encarcelados y otros forzados a irse al exilio y son parte de los cuatro millones y más de venezolanos que han abandonado su país bajo el régimen de Hugo Chávez y Maduro. Todo conduce a imaginar a Venezuela como un volcán próximo a estallar.

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