Ramiro H. Loza Calderón
Sí, por los fueros de la verdad, frente a una especie de “leyenda negra” y de las mentiras del presente Gobierno contra algunas políticas y realidades de los años precedentes a 2005. Quien suscribe el presente artículo, no fue funcionario público ni militó en alguno de los partidos entonces gobernantes, por lo cual no tendría interés en defender algunos extremos que se los presenta deformados por el aparato publicitario del régimen, pero se empeña en aclararlos a diferencia y ante la deserción de los personajes responsables de sus pasados actos de gobierno y administración. El deber ciudadano de recurrir a la verdad como uno de los supremos valores axiológicos, puede más que la indiferencia y la abulia. Procedemos en consecuencia, asistidos de los datos observados por la mirada de los ciudadanos corrientes, sin experticia ni ínfulas de conocimientos especiales de los temas que se aborda a continuación, siempre en servicio de la verdad.
La llamada “capitalización” de YPFB y la asignación de ciertas áreas de exploración y explotación a determinadas empresas denominadas transnacionales, se originó -digamos modestamente- para el destierro de la corrupción en esa compleja empresa estatal y teniendo en cuenta la inveterada mala administración de la cosa pública por el Estado, a nivel internacional. ¿Acaso ahora no hay corrupción en YPFB? Además, Bolivia con sus limitadas posibilidades no dispone de la capacidad económica necesaria para las costosas tareas de exploración y prospección de nuevos yacimientos. Lo precedente no quiere decir aprobación alguna de las medidas colaterales inherentes, como la transferencia a favor de las operadoras de la propiedad de hidrocarburos extraídos en boca de pozo de producción.
El “imperialismo norteamericano” sojuzgador de la soberanía nacional es otro recurso propagandístico del Gobierno. En los hechos Estados Unidos no tenía ni tiene inversiones empresariales en el país, por lo que no podía ejercer presión directa, ni tampoco explotar a los trabajadores. Estados Unidos puede influir en determinados aspectos a través de algunos organismos, llámense Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros de esta índole. Estos organismos más que depender de la potencia del Norte, siguen las directrices del capitalismo internacional para evitar distorsiones económicas y financieras aventuradas, entre otras, por países de “avanzada”.
Acerca del supuesto súper poder de la Embajada norteamericana, a nadie puede sorprender que las representaciones diplomáticas en todas partes del mundo y en todo tiempo han tenido y tienen la misión de enterarse por diversos medios de los actos más o menos reservados de los gobiernos ante los cuales están acreditadas. Con mayor razón si se trata de una potencia mundial. Esa acción común no es motivo de escándalo o de falsas mixtificaciones como lo hace el Gobierno.
Asimismo, el oficialismo sostiene que la Embajada en cuestión debía aprobar las designaciones y nombramientos de ministros, jefes militares y de la Policía, etc. Creo que si ocurría en cierta medida tal cosa, partía de la actitud cipaya de las autoridades de aquella época. En cuanto a la expulsión de la DEA, ahora se ve que habría podido cooperar eficientemente para descifrar las vinculaciones de los carteles de narcotráfico con ramificaciones en un país productor de alcaloides como el nuestro. Resulta desmesurado atribuir a la DEA acciones represivas en el Chapare. El caso es que el Gobierno tenía que ofrecer testimonio de su alineamiento ideológico y político con Cuba y Venezuela y asumió esa medida.
Si hablamos de imperialismos, se ve claramente que del sedicente sometimiento al “imperialismo yanki” hemos caído a las garras del imperialismo chino. Su poder se manifiesta no sólo por los privilegiados contratos que obtiene del Gobierno sobre obras -algunas incumplidas, abandonadas o mal ejecutadas- todas de concesión casi exclusiva. Ni qué decir del maltrato a los obreros bolivianos ni a la traída de su propia gente como mano de obra. China es el mayor acreedor del Estado con millonarios préstamos, carga pesada que más pronto que tarde tendrán que asumir las bolivianas y bolivianos y sus hijos. El manejo de este cuadro financiero monumental opera bajo reserva infranqueable.
Además de las empresas de la consabida nacionalidad, los súbditos chinos operan también en el plano de la informalidad. Explotan ricos minerales en las “narices” del Gobierno, por ejemplo, en el Illimani, en los ríos de Pando, Beni y norte de La Paz con dragas gigantes carentes de pólizas de importación, seguramente corrompiendo a funcionarios. Ante todo ello pareciera que las autoridades tienen los ojos vendados. Otro capítulo de su actividad campante es la depredación y contaminación del medio ambiente y la caza de la fauna silvestre.
Como parte del capitalismo de Estado, propio del socialismo, pero con pésimos efectos económicos, el Gobierno del “cambio” no sólo ha procedido a la incautación de numerosas empresas privadas y mixtas grandes y pequeñas a título de “nacionalización”, sino que ha creado una serie de empresas estatales: Separadoras de Líquidos, refinerías, complejos azucareros (San Buenaventura), Quipus, Cartonbol, Papelbol, etc. Las primeras producen, por lo general, un tercio o menos de su capacidad instalada. Las citadas en segundo lugar son crónicamente deficitarias y sobreviven a expensas del Estado. En resumen, sueños convertidos en pesadilla y despertares frustrantes.
Si de hacer desarrollo se tratara, la única vía que la experiencia universal brinda es la atracción de capitales foráneos y la aclimatación de empresas de ese género, sumadas de las nacionales, por qué no, portadoras de ocupación estable y digna, impuestos saneados, divisas para el intercambio internacional y transferencia de tecnología. La política de estos casi 14 años se ha conducido en dirección contraria, por ello concluido el ciclo de las “vacas gordas” de los altos precios internacionales y de cara a “las vacas flacas”, el horizonte se presenta borrascoso, sino económicamente tormentoso.
Después del desorden social que lleva ya tiempo y de la imagen que proyectamos al exterior como país de huelgas y bloqueos, de continuas alzas de salarios y de una falta rampante de seguridad jurídica, no constituimos atractivo inversor. Son ciertamente pocas las expectativas de atracción de capitales y emprendimientos externos. Sólo la minería puede constituir una fuente de tal naturaleza. También en este rubro la política oficial es inadecuada y ya se está viendo con mirada nacionalizadora a las pocas mineras rentables. Es, pues, preciso abrir las puertas y dejar ingresar aires renovadores que oxigenen nuestra marchita economía.
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