Según defensa de Franclin Gutiérrez
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La defensa legal del dirigente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Franclin Gutiérrez, a cargo del abogado Jorge Santisteban, señaló que el Gobierno busca estigmatizar como ilegal la coca tradicional de los Yungas a cambio de legalizar la producción de Chapare. En tanto, el diputado Gonzalo Barrientos señaló que el 90 % de la producción de coca del Chapare es destinada al mercado ilegal.
“Lo que ocurre en el país es nefasto, pues el 90 % de la coca del Chapare, Cochabamba, es ilegal y va al mercado del narcotráfico. La promulgación de la ley general de la coca tiene responsabilidad”, afirmó.
El presidente Evo Morales, en marzo de 2017, promulgó la Ley 906 General de la Hoja de Coca, la antigua norma establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas
La actual ley autoriza 14.300 hectáreas de cultivo en el departamento de La Paz y hasta 7.700 hectáreas en el Chapare, considerada una zona no tradicional, lo que provocó el alejamiento de Adepcoca de los Yungas del MAS.
Desde entonces se desató un conflicto en los Yungas que generó enfrentamientos con la Policía, movilizaciones, división de las organizaciones de productores hasta fallecidos.
Barrientos aseguró que una de las estrategias del Gobierno para potenciar la coca que se produce en el Chapare es estigmatizar a la producción de los Yungas involucrando a sus dirigentes con hechos de narcotráfico, asesinatos y otros ilícitos.
FUTURO DE YUNGAS
En la misma línea, el abogado Santisteban explicó que el Gobierno a través del presidente de las seis federaciones de productores de coca del Chapare, Evo Morales, intenta someter y perseguir a la dirigencia de Adepcoca para “dominar” a los municipios yungueños y así controlar la producción de hoja de coca en todo el país.
“Es una estrategia del Gobierno para llegar a las elecciones presidenciales fortalecidos económicamente, con el control de todos los productores y municipios de La Paz”, aseguró.
Añadió que se intenta estigmatizar la imagen de la producción en los Yungas ligándola con actividades ilícitas como el narcotráfico para justificar la erradicación y el control de su mercado, Adepcoca, para autorizar mayores hectáreas en el Chapare.
Según el abogado, las consecuencias de dañar la imagen de la coca yungueña afecta la imagen internacional que también la estigmatizaría como zona de narcotráfico.
“Sabemos que en el Chapare no se produce alimentos, produce la hoja excedente de coca que va al narcotráfico”, señaló.
PRESIÓN Y CONSENSO
Ante esta situación, pobladores decidieron reforzar sus controles y medidas de presión ante un inminente conflicto por el futuro de sus hijos y de sus cultivos, “están organizando una resistencia fuerte para evitar intervenciones del Gobierno”.
Añadió que los comunarios de los Yungas no se resisten al control que realiza La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), por el contrario, estarían de acuerdo para crear mesas de consenso para erradicar los cultivos excedentarios e ilegales que existen.
“Nunca hubo esa conversación amistosa entre productores y representantes del Gobierno y de la FTC, ahora es el momento de establecer el dialogó. Dios no quiera pueden sumarse los heridos y pérdidas humanas, es tiempo de parar el castigo contra ese pueblo que ha sufrido mucho”, aseguró.
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