Complejos y miedos deben superarse en la política

En algo más de tres meses, se llevarán a cabo las elecciones del 20 de octubre para elegir gobernantes e integrar el Poder Legislativo; en el tiempo que falta para acontecimiento tan importante para nuestra democracia, correspondería que los partidos políticos, conjuntamente sus candidatos, actúen bajo el principio de que la política partidista es necesaria, es raíz y tronco de la democracia y, sobre todo, es fundamento del proceso eleccionario; pero, en todo caso, es derecho de todos los partidos reconocidos por ley para intervenir en el proceso sin mengua ni traba ni dificultad alguna.

Lo que la colectividad observa en este tiempo, en base a las campañas pre-electorales, es que tanto los partidos como los candidatos tienen temores o miedos por las grandes y graves diferencias que se crean en torno a ellos sea por parte de la candidatura del MAS, que es el partido que está en el gobierno o por las acciones que pudiesen llevar a cabo las autoridades; hay miedos a represalias o, a veces, verse envueltos en hechos que están fuera de la realidad y que comprometería su validez y vigencia para intervenir en las elecciones; en otras palabras, hay miedo a que se cree en torno a ellos -partidos políticos y candidatos de oposición- faltas y delitos inexistentes, pero que la inquina política se encargaría de crear y “hacerla cierta” mediante mecanismos sectarios.

Por otra parte, hay complejos, en la candidatura que busca la cuarta reelección -ilegal desde todo punto de vista-, que viven en los últimos catorce años y que se refieren a complejos de inferioridad, superioridad, carencia de la preparación necesaria, miedo a los debates, problemas de clase que nadie les endilga y que los hace sentir inferiores cuando todos somos iguales ante las leyes y, sobre todo, ante la moral y los derechos cívicos que todos tenemos. Esta realidad se ha visto en los años transcurridos desde el inicio del actual gobierno el año 2006 y que al 31 de diciembre de la presente gestión cumplirá 14 años de vigencia a cargo de la administración del país.

De todos modos,en los círculos oficialistas y en los cuadros de la oposición, existen complejos y miedos a lo que podría ser el resultado electoral; hay miedos al comportamiento del pueblo en lo que se refiere a las preferencias que los ciudadanos tengan por uno u otro candidato, complejos y miedos a las decisiones de los ciudadanos que se ven, en el momento, cohibidos e inseguros por no saber o no poder decidirse por quién votar porque varios de los candidatos han decepcionado al pueblo, especialmente por las conductas en una guerra sucia que a nadie convenía y cuyos resultados son negativos para los mismos protagonistas.

Los partidos políticos que intervendrán en las elecciones, deben estar seguros de que no están actuando en forma contraria a las leyes sobre los procesos y derechos electorales porque, por ejemplo, corresponde recordar que la democracia representativa, única forma adecuada en la práctica y la teoría de la democracia tiene a los partidos como base de su institucionalidad y, por ello, no cabe creer o consentir que haya representación sin ellas como organizaciones políticas ni tampoco el ejercicio con garantías de derecho al sufragio sin su mediación porque la existencia de los partidos políticos atañe al principio representativo de la democracia y son instituciones indispensables para la canalización y validez del voto.

Disposiciones que rigen en democracia señalan, por ejemplo: La Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 21 establece: “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

La Declaración Americana del mismo año, 1948, en su art. 20 indica: “toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Art. 23, establece: “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

Muchas otras disposiciones establecen clara y terminantemente los derechos de los partidos políticos. Por ello, no cabe que ninguno de ellos en la posición que tenga, en oposición o como miembros oficiales de un partido, abrigue temor alguno y, por el contrario, debe renunciar a sus complejos e intervenir libre y genuinamente en las elecciones. Por su parte, quien ostenta el gobierno del país e interviene en el proceso electoral, tampoco puede utilizar métodos o medios coercitivos en contra de quienes intervengan en el proceso electoral; al contrario, está obligado, en nombre del Estado, a otorgar garantías y facilidades para que la oposición tenga plena libertad de acción en sus campañas y en el proceso de votación mismo garantizando, además, la limpieza del proceso electoral en el que no se puede ni se debe intervenir con miras a tergiversar resultados para lograr mayoría que no le corresponda salvo mediante la votación libre y soberana de los ciudadanos.