Hacia la Corte Penal Internacional

El informe de la ex presidente Michelle Bachelet ha recorrido gran parte del mundo y ahora suman todavía más los que creen que la dictadura de Nicolás Maduro, sustentada en el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, debe acabar. Quienes se acoplan a ese sistema y aún lo creen redentor de pobres y oprimidos, pongan las barbas en remojo, pues todo confluye en sostener que ese régimen dictatorial juega sus descuentos. Si su final será cruento o se tratará de un abandono pactado del gobierno, cabeza de una tendencia seguida por poco más de media docena de países (Bolivia entre ellos), lo podríamos saber en poco tiempo. En semanas o pocos meses, dicen los optimistas; en más de un año, creen los escépticos. Por lo que se lee, en realidad todas las opciones que manejan los opositores comienzan con la salida de Maduro y el fin de su régimen. El final no está tan lejos, dicen todos.

Los desajustes producidos en la sociedad venezolana en 20 años de régimen chavo-madurista son tan grandes que los optimistas más radiantes hablan de cuando menos una década de tiempo forzado para enderezarlos antes de volver a fojas cero, es decir a comienzos de siglo. E inversiones alucinantes, de 100.000 millones de dólares el primer año, y tres veces más para los siguientes siete: 300.000 millones de dólares. Gran parte a fondo perdido.

El gobierno venezolano y sus más fervientes seguidores, inclusive fuera de Venezuela, atribuyen la descomposición generalizada que vive Venezuela a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano, especialmente a la industria petrolera. La excusa ignora que los malestares comenzaron a sentirse años antes de las sanciones. Sus raíces se originaron casi un siglo antes, cuando el petróleo comenzó a salir a raudales cerca del Lago Maracaibo y las arcas fiscales obtuvieron la mayor exuberancia en toda la historia del país. Los gobiernos sucesivos gastaron y malversaron a manos llenas sin dedicar esfuerzos a la producción agrícola e industrial. Hubo iniciativas para la educación, pero nada equivalente en la diversificación productiva. (La “revolución de la inteligencia” fue apenas un saludo a la bandera que duró mientras su progenitor fue Ministro de Educación bajo un gobierno socialcristiano.) La escalada de gastos continuó en ascenso vertical bajo Chávez. Armas rusas de modelos recientes, fragatas y lanza-cohetes ingresaron en masa al inventario militar venezolano. La presencia china, al igual que en muchos otros países, pasó de ser solo una delicadeza culinaria a dominar gran parte de los estamentos comerciales venezolanos.

Apenas acabó el súper-ciclo de alza de las materias primas, alrededor de 2014, Venezuela, cuyos ingresos de divisas dependen en siquiera un 96 por ciento de las exportaciones petroleras, empezó a sentirse mal. El agravamiento fue fulminante, hasta llegar al colapso y al mayor éxodo en la historia del continente, con más de cuatro millones de venezolanos fuera de su país estos días. La cifra solo tiende a crecer.

Los detalles están en los más de 80 puntos del informe de la funcionaria, quien ahora espera la valoración del comité que preside, con sede en Ginebra. Una vez aprobado, sería incorporado a las denuncias ya en curso contra el régimen, principalmente las del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien hace un par de años presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe tan lapidario para Maduro como el que acaba de presentar la ex presidente Bachelet. Con eso, el dossier gigante pasaría a la Corte Penal Internacional, donde podría ocurrir un juicio como el de Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial.

El informe de la ex presidente causó malestar en todos los rincones de la izquierda radical, en especial entre las mujeres líderes del Partido de gobierno, por la afirmación de que las detenidas eran abusadas por los verdugos del SEBIN y del DGCIM que las forzaban a prestar servicios sexuales a cambio de cualquier concesión o con frecuencia a cambio de nada. Pocos se atrevieron a objetar el informe de una funcionaria cuya familia había sido víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. Una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se refirió oficialmente al caso para afirmar que el informe buscaba victimizar a las prostitutas.

Como quien pronuncia una sentencia, la magistrada Carmen Zuleta de Merchan declaró en un twitter citado por el diario El Nacional: “Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas”. La magistrada quiso amortiguar semejante declaración, pero se hundió más al afirmar que solo defendía a las venezolanas genuinamente dedicadas a esa actividad.

Más de una semana después del informe no se había registrado ninguna reacción del gobierno boliviano ni de sus líderes. Es probable que no digan nada y que no dejen de apoyar a Maduro en cuanto se les presente la ocasión.

El peligro de ignorar la gravedad del informe es que el aislamiento en el que está Venezuela (solo México, Uruguay, Nicaragua, media docena de islas del Caribe y Bolivia) son aliados de Maduro, junto a Cuba, Rusia, China y Turquía, pueda extenderse a nuestro país a medida que la crisis se agrave aún más.

Más que barbas en remojo, estaría en juego la propia cabeza.

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