El pasado viernes 14 de junio, un grupo de militares que se encontraban patrullando las minas de Huanuni tuvieron un encuentro con ladrones (“jukus”) de minerales que viven por el robo que realizan en diferentes minas. El hecho es de vieja data porque desde hace muchos años hay robo de minerales por parte de mineros desplazados, especialmente de las minas nacionalizadas que han visto el robo como su mejor forma de vivir, debido a la falta de trabajo en las minas o por no encontrar ocupación en otras actividades.
Muchas son las víctimas que se suman a través del tiempo por enfrentamientos habidos tanto con fuerzas militares como de la Policía, es decir, los que resultan heridos y muertos; esta vez, un joven de 16 años sería la víctima de un balazo que terminó con su vida.
Pobladores del lugar han expresado haber encontrado “casquillos de armas de fuego disparadas por militares que las usan excesivamente”. Por su parte, el “Comando General del Ejército detalló que una patrulla militar fue atacada por un grupo de ladrones de minerales (“jukus”), registrándose un intercambio de fuego entre ambos bandos”. Los militares, debido al operativo, “habrían recuperado 30 kilos del mineral robado en cuatro bolsas que fueron depositadas en la Empresa Minera Huanuni”. El informe implica que cada bolsa contenía nada más que siete kilos de mineral; un monto que desdice totalmente las informaciones periódicas sobre el robo de “muchos quintales de mineral”.
El problema es de mucho tiempo y lo ocurrido en Huanuni es consecuencia de la falta de empleo. Muchos mineros desplazados de sus puestos de trabajo a raíz de las políticas de “relocalización”, no han encontrado nuevas fuentes de trabajo, no obstante la seguridad y promesa del gobierno de “proporcionarles nuevos empleos en otras minas”. Esto no se cumplió y algunos mineros utilizando el dinero recibido por indemnización lo invirtieron en la compra de tierras en la región del Chapare; otros, en diversos sitios del país y especialmente en poblaciones cercanas a Oruro o La Paz. Pero, en general, casi la mayoría no ha encontrado una fuente de trabajo que le permita solventar las necesidades familiares y recurrieron, muchos de ellos, al expediente de robar minerales de las mismas minas en que ellos trabajaban; la venta del producto a rescatistas, que nunca faltan, les permitió sobrevivir.
Si hubiese inversiones en las minas y se hiciese trabajos de prospección, exploración y explotación de nuevas vetas, sería posible solucionar, por lo menos en buena parte, el grave problema de robo de minerales que, además, causa muchas víctimas, como el joven de 16 años fallecido recientemente. El gobierno tendría que cambiar sus políticas y lograr que efectivamente haya inversión nacional en las minas y atracción de capital y tecnología extranjera para la explotación de nuevos centros mineralógicos, que no solamente cambiarían la economía del país sino que serían fuentes seguras de empleo.
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