Escasa inversión en políticas estructurales contra violencia

Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, "Será en definitiva un 'folklor' de acciones municipales sin políticas estructurales desde el Gobierno central, por falta de un adecuado diagnóstico y menos tareas definidas con recursos del Ejecutivo".

El Gobierno central, el pasado lunes, mediante la presentación de un decálogo demandó que se destine un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del presupuesto de Seguridad Ciudadana a tareas de prevención, aspecto que nuevamente genera una carga de gastos a los municipios, quienes deben hacer uso de dichos recursos para varias tareas sin contar con una política estructural de prevención contra la violencia desde el Estado.

El Secretario de Seguridad Ciudadana califica la determinación de que se haga uso de los recursos de IDH, como una política de "fácil transferencia de la problemática social a los municipios, donde cada uno de ellos definirá, según su criterio, como una acción preventiva contra la violencia, aspecto que no logrará ningún resultado en esta problemática, por no tener ningún diagnóstico, propuestas estructural y menos acciones en conjunto que permita recudir los hechos denunciados por las familias y menos prevenir los feminicidios", observó.

"Es una misma torta del IDH, que antes estaba destinado a tres áreas, como es el pago de bono a las personas con discapacidad, bono Juana Azurduy de Padilla, de las madres gestantes, el equipamiento de la Policía Boliviana y ahora se suma el realizar otra inversión para prevenir la violencia, aspecto que será un 'folklor' de acciones municipales, sin políticas estructurales desde el Gobierno Central, por falta de un adecuado diagnóstico y menos tareas definidas con recursos del ejecutivo. Por lo tanto esta torta que antes nos dieron destinada para 10 personas ahora debemos hacer alcanzar a más de 25, pero cada año la torta cuenta con menos recursos, es más pequeña, aspecto que no garantiza ninguna posibilidad de poder solucionar la actual problemática social", lamentó Ulloa.

El presidente Evo Morales presentó el pasado lunes el decálogo contra la violencia hacia la mujer, elaborado por el Gabinete de la Mujer, en el que se determinó declarar prioridad nacional la lucha contra el feminicidio, para lo cual se destinará un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del presupuesto de Seguridad Ciudadana.

"Se ha preparado un plan de urgencia y de emergencia que está compuesto por 10 puntos: el decálogo declara prioridad nacional la lucha contra el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes", expresó Morales junto a las integrantes del gabinete.

Hasta la semana pasada el Ministerio Público registró 73 casos de feminicidio, cantidad que alarmó a la población y a las autoridades.

Para Ulloa, esta decisión no nos parece una determinación responsable, "porque cada municipio sin tener un adecuado diagnóstico, estudio de la problemática en si para establecer si la violencia o el feminicidio surge por razones de desempleo, machismo, dependencia económica, entre otros factores buscará la manera, según su parecer, de cómo encarar de forma superficial", estableció.

Al momento las instancias municipales desconocen el posible estudio que se haya logrado realizar por parte del Gabinete de la Mujer y si el mismo define estrategias o políticas públicas a partir del Gobierno, en base a un análisis no solo multidisciplinario, sino transdisciplinario o si tan solo son los mismos informes de las diferentes instancias policiales los cuales fueron copiados en los informes, sin previo estudio o análisis del problema social.

La instancia municipal advierte que existe el riesgo de que cada municipio puede llegar a recortar recursos a otros sectores para poder responder a las tareas de atención y acción en temas de violencia y feminicidio, aspecto que se convierte en relegar sus responsabilidades por parte del Gobierno central, "siendo en concreto la falta de una política estructural la que defina estrategias de corto, mediano y largo plazo", concluyó.

De acuerdo con datos oficiales del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales del Ministerio Público, a la fecha en Bolivia se registran 73 casos de feminicidio, con mayor incidencia en el eje central del país, La Paz, 25 casos; Cochabamba 15 y Santa Cruz 10, situación que ha movilizado a varios sectores de la sociedad.