Falta de empleo fomenta ilícito de comerciar con ropa usada

Expertos en el área económica y de sociología establecen que la problemática de caer en el ilícito de comercializar prendería usada responde a una falta de empleo productivo y la ausencia de políticas de Gobierno, en fomentar la producción nacional, beneficiando solo a contrabandistas de este tipo de productos de desecho, indicó el sociólogo Teófilo Choque.

“Dónde están las industrias que se prometió en su momento, las fábricas de textiles, que pasaron a manos de los trabajadores para luego fracasar, dónde se aplica las políticas de Estado de proteger la producción nacional, de buscar mercados internacionales de exportación, de aprovechar la salida por Ilo – Perú, y no por Arica Chile, dónde está esa política de empleo sostenible y productivo, porque estamos no solo saturando el mercado interno de productos de segunda mano, de contrabando chino de tercera clase, sino que asfixiamos a la producción nacional y en esas circunstancias, solo seguiremos consumiendo todo a medio uso”, fustigó Choque, de profesión sociólogo.

Bajo la lógica de producir solo para exportar, Choque establece que los próximos partidos políticos, incluido el actual Gobierno están en la obligación de responder a problemas estructurales, como es el caso de la producción, empleo y exportación y no solo atender la presión social del comercio informal de prendería usada que termina apoyando al contrabando, instancia que no paga impuestos, beneficios laborales, sociales, ocasionando grandes pérdidas al Estado.

En la jornada de ayer comerciantes de prendería usada se movilizaron descendiendo a la sede de Gobierno desde el multifuncional de El Alto, en rechazo a los decomisos de mercadería. Este sector solicitó a las autoridades de Gobierno que les permitan seguir vendiendo la ropa denominada “prendería usada”, o que se cumplan los compromisos de darles trabajo.

El movimiento de personas que llegaron de las diferentes regiones donde se instalan tiendas, puestos de venta y una serie de comercio de este tipo de prendas de segunda mano, asegura que muchas de las normas aplicadas por el Gobierno en contra de la internación de la ropa usada, solo ha permitido que los contrabandistas e internadores de esta mercadería hagan subir los fardos de estos productos de $us 50 a 300 y más como resultado de los actuales controles.

En cuanto a los cumplimientos de los compromisos realizados por parte del Gobierno, los dirigentes de este sector pidieron como alternativa que se cumpla la creación de fuentes de empleo laborales. Afirmaron que el plan de reconversión laboral fue un fracaso y tampoco se cumple con darles trabajo a los comerciantes.

Es en ese entendido, este sector se da cuenta que el Gobierno no solo debe hacer una propuesta económica como fue la “reconversión” que terminó en dar dinero a los dirigentes y que las familias que realizan el comercio de la ropa usada no sean incluidas en empleos productivos.

Por su lado, Blanca Garavito, delegada de Sucre, también presente en la marcha, pidió que se permita la comercialización de ropa usada por lo menos unos cinco años más.

Dijo que los comerciantes de ropa usada son padres y madres, además de personas de la tercera edad, que necesitan de esta actividad económica para tener el “pan de cada día”.

“Queremos seguir vendiendo porque no hay empresas y tampoco hay trabajo”, agregó.

Los dirigentes de los comerciantes pidieron como alternativa que el Gobierno cumpla sus compromisos respecto a las fuentes laborales.