La recordación de los 210 años de la Revolución Emancipadora del 16 de julio de 1809 y del sacrificio de don Pedro Domingo Murillo y de los Protomártires de la Independencia, encuentra a La Paz poco menos que vistiendo luto por la postergación que le impone el Gobierno, dejando atadas de manos a sus autoridades para promover desarrollo y bienestar de la población, todavía la más importante del país.
La Paz excluida -o discriminada en lenguaje actual- de la inversión pública y sofocada por la ola creciente de marchas y paros, se ve ahogada en su actividad productiva, llevándola al retroceso. Por su parte, el escenario político exacerbado más que nunca tiene su cuota negativa en la normalidad constructiva a la que aspiran los pueblos.
En 13 años del actual esquema de capitalismo de Estado, éste no ha dejado huella en La Paz. El Complejo azucarero de San Buenaventura y la Red del Teleférico en la ciudad son las dos únicas inversiones de las cuales, por supuesto, el gobierno se alaba. Ambos suman más de 1.000 millones de dólares que comparados con las millonarias obras efectuadas en el interior no tienen proporción ni relación alguna.
Otro lastre en la vida paceña es la inestabilidad social que ha hecho del centro paceño su foco preferido. “Galardón” recurrente del Ejecutivo es que vivimos una panacea de estabilidad económica, política y social. Sin embargo, los hechos lo desmienten y el millón de habitantes de la urbe son testigos de que para La Paz no hay estabilidad social. Las movilizaciones cotidianas son responsables de la fuga de empresas y fábricas que antes nutrían la economía y daban trabajo digno y estable. Su ausencia ha convertido a La Paz en un gigante mercado persa en detrimento de su aseo y aspecto urbano.
El presupuesto del departamento es uno de los más bajos del país. Llega a Bs.1.600 millones. El 50% está destinado al Servicio de Gestión Social (Sedeges), impuesto por el Gobierno Central para atender la salud, el prediario de los reclusos, asumir parte de los bonos sociales, etc., etc., inversiones todas que debería financiar el Estado. En los hechos la Gobernación escasamente dispone de Bs. 352 millones con los que debe atender el gasto ordinario y la inversión en obras de los 87 municipios.
El oro, la principal riqueza de la región, en manos de las más de 1.200 cooperativas solo aportan regalías porque están exentas del pago impositivo. Hablamos de las pocas cooperativas registradas que cotizan por regalías. El oro se explota y exporta anualmente por toneladas. La mayor parte sale al exterior como deshecho o “basura” del precioso metal. Otro tanto figura como si fuera oro del Beni, según denuncia de la Gobernación. La única obra ponderable del año para La Paz es el puente de 374 metros entre Rurrenabaque y San Buenaventura. De caminos poco o nada se puede hablar en el departamento.
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