En los primeros años de la vida republicana la población boliviana se alimentaba principalmente con productos de origen nacional, especialmente de trigo, grano que fue traído a América por viajeros españoles. Pero a unos doscientos años después de esa difícil iniciativa, al presente el pueblo boliviano ha dejado de consumir, en gran medida, esa gramínea de gran beneficio para su salud. Al presente, el pueblo boliviano ha dejado de producir y consumir trigo nacional y solo se alimenta de harina blanca que proviene de Argentina y se podría afirmar que la seguridad alimentaria se ha reducido de forma considerable.
Actualmente, la producción de trigo en el país casi ha desaparecido del consumo nacional o, en forma concreta, únicamente cubre la cuarta parte de las necesidades de la población y las otras tres cuartes partes son importadas por el Estado, privados o mediante el contrabando. Pero también se debe destacar que no se importa trigo en grano, sino como harina blanca, que carece de importantes nutrientes como vitaminas, proteínas y otros.
Esa última observación se hace necesaria en esta oportunidad para destacar que en la actualidad los requerimientos de trigo en el país son de 700 mil toneladas del grano al año, aproximadamente, mientras la producción nacional de trigo apenas se próxima al tercio. También se debe remarcar que la producción actual de trigo en el país se origina en la región oriental de Santa Cruz en 25 por ciento y en las regiones de los valles de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca en solo el 5 por ciento del total nacional.
Ese estado de cosas en realidad constituye el fracaso de la política agropecuaria del régimen actual. Los proyectos oficiales, enunciados pomposamente, han fracasado y ese resultado se debe a que los organismos ministeriales y anexos no enfocan el problema en profundidad, sino solo en sus formas más elementales.
El gobierno carece tanto de política agraria como agropecuaria y está a merced de intereses del latifundismo del oriente, así como de la legislación feudal que dictó por medio de la Constitución y varias leyes que tratan de restaurar el paso medieval del país. Por ejemplo, se dictó leyes para ampliar el cultivo de soya en más de 500 mil hectáreas para producir etanol para mezclar con gasolina y, en cambio, no se dictó una sola medida para ampliar cultivos de una hectárea más de papa, maíz, trigo, etc., creando así un desorden propicio similar a la catástrofe alimentaria que sufre Venezuela.
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