Cuestionaron a Ministerio por respaldo a trabajadores

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo dio su respaldo a los trabajadores de Panda para pasar a la administración de la fábrica INAL Ltda.; sin embargo, los empresarios les recuerdan a las autoridades que la norma es inconstitucional.

Después de inspeccionar la fábrica INAL Ltda Helados Panda, el viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó que se cumplen todas las condiciones para que se convierta en la cuarta empresa social, después de Cerámicas Victoria, Punto Blanco y Polar, señalaron medios de prensa, la semana pasada.

“El Ministerio de Trabajo puede señalar que al existir un abandono, existen las condiciones para ejercitar su derecho de constituir una empresa social. Esta empresa social empieza a partir de la voluntad de los trabajadores de declarar su constitución de empresa social”, decía la autoridad a los medios de prensa.

Una vez hecha pública la determinación del Ministerio, la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) en un comunicado respaldó los argumentos esgrimidos por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada el 8 de enero de 2019, en contra de la Ley de Creación de Empresas Sociales N° 1055 de 1 de mayo de 2018, en la cual se demuestra los vacíos, inexactitudes e incongruencias de ciertos artículos, vulnerando la Constitución Política del Estado.

Por ello, en el caso de la empresa Inal Ltd., Cadinpaz considera que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en primera instancia debe solicitar y revisar la documentación pertinente para verificar si respalda o no lo expresado por los empleados, así como la identificación de los acreedores y pasivos que pudiera tener la empresa, para no afectar los intereses de todos los actores involucrados.

Asimismo, el Ministerio debe alentar una solución consensuada entre socios y representantes legales, acreedores y trabajadores que permita la continuidad y reactivación de la industria.

El alentar la toma ilegal de una empresa legalmente constituida, al amparo de una norma impugnada por inconstitucionalidad, sin considerar la existencia de la competencia en el rubro específico y las facultades necesarias para su administración, puede llevar a los trabajadores al fracaso y, por tanto, a la pérdida de una importante industria paceña, desincentivando la inversión privada nacional y extranjera.

NACIONALIZACIONES

Todavía queda en el sector privado las nacionalizaciones que realizó el Gobierno, y por el cual no se desarrolla el sector de hidrocarburos, que por 13 años a la fecha, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no encontró nuevos campos petroleros.

Esa norma frena la iniciativa privada, debido a que no recibe ningún apoyo del gobierno para salir de situaciones difíciles, que puede registrar la economía nacional, opinaron en su momento sectores empresariales.