Renunció coagente chileno por la demanda del Silala

El coagente de Chile, Juan Ignacio Piña, que formaba parte del equipo jurídico del vecino país en la demanda por las aguas del Silala contra Bolivia, renunció a su cargo porque asumirá la defensa legal de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (Essal) que tiene un conflicto por el suministro de agua en la ciudad chilena de Osorno.

Esta información fue confirmada por el canciller chileno Teodoro Ribera en una reunión que sostuvo el pasado viernes, en su despacho. En ese encuentro, el aún agente legal del Silala explicó las razones para dejar el cargo, según el reporte de medios del vecino país.

De acuerdo con información publicada en el diario La Tercera, el Gobierno de Chile tenía contemplado que Piña continuará con su labor como coagente de la demanda por el Silala. Participó entre el 23 y 24 de mayo, en Ginebra, de una reunión donde se analizó la dúplica que Bolivia presentó el 15 de mayo ante la Corte Internacional de justicia (CIJ) en La Haya.

Dentro de la demanda del Silala, Chile solicitó un plazo de tres meses para presentar una respuesta a la contrademanda que presentó el gobierno boliviano. Este plazo es hasta el 18 de septiembre. El 21 de junio se conoció la notificación de aceptación y ahora los jueces analizan un nuevo cronograma de plazos dentro del proceso.

El 15 de mayo fue cerrada la etapa escrita con la presentación de la dúplica, documento que responde con argumentos históricos, científicos y jurídicos a la réplica chilena, luego de la presentación de la memoria chilena y la contramemoria boliviana.

Con la salida de Piña, en el equipo jurídico chileno queda solamente la agente de la demanda de Chile ante Bolivia, Ximena Fuentes, además de la coordinadora ejecutiva de la demanda, Johanna Klein.

En 2016, Chile demandó a Bolivia para que la CIJ declare que el Silala es un “río internacional” y de uso “equitativo”, tesis que es rechazada por La Paz, que defiende la soberanía sobre ese manantial desviado hacia territorio chileno a través de una canalización artificial encarada hace más de 100 años, bajo el amparo de una concesión que ahora está anulada.