La descapitalización y los pocos recursos que el departamento de La Paz recibe por la coparticipación tributaria, el IDH y otros ingresos que percibe el Estado, están deprimiendo su economía. En ese contexto hay indicadores que no son plausibles. Así la cuota parte paceña al PIB nacional el 2018 fue el 28%, contribución importante, pero baja en relación con otros tiempos en los que La Paz fue el pivote de la economía nacional.
Mucho se ha discutido sobre el Pacto Fiscal, sin que se llegue a su concreción. El Pacto Fiscal gira alrededor de una mejor distribución de recursos, de modo que el Gobierno Central limite la “parte del león” que se adjudica (75% del total), dejando solo el 25% a Gobernaciones, Alcaldías y Universidades. El IDH, inclusive con la baja de los hidrocarburos, es una fuente importante. La Paz debe luchar en todos los frentes para lograr en justicia una distribución proporcional al número de habitantes de cada departamento y no solo a favor de las regiones productoras. La falta de racionalidad y de lógica es tan grande que mientras un tarijeño, por ejemplo, percibe Bs. 20.000 por año de esa renta, a cada paceño se le reconoce la limosna de Bs. 500.
En esas condiciones la Gobernación poco puede hacer por La Paz. Su presupuesto anual es de 1.600 millones. Después de atender las muchas competencias que le impone el Gobierno Central (Sedeges), costos que deberían corresponder a éste, solo puede invertir en obras y desarrollo Bs. 351.9 millones, es decir para 20 provincias, 87 municipios y 7 regiones.
La Paz lleva la delantera de aportes en capital de ahorro e impuestos a nivel nacional. Sin embargo no retorna una buna parte para nuevas inversiones en su territorio, beneficiando al interior con el resto de ese capital. La razón de esta parcial absorción se origina en la crecida carga impositiva, el doble aguinaldo y la serie de gabelas fiscales y municipales que en la ciudad, sobre todo, se aplican al extremo. Estas son las razones que desalientan la promoción de nuevos emprendimientos.
En el plano general, el departamento paceño no tiene quién lo defienda. Senadores y diputados no dicen “esta boca es mía” si del departamento se trata, muchos de estos legisladores provienen del área rural. La Asamblea Departamental nada hace por la descontaminación del Titicaca, tampoco por la deforestación salvaje del Norte paceño y mira contemplativamente la explotación del Illimani a manos chinas, coludidas con los cooperativistas del lugar, que les prestan la máscara para aparecer como nacionales. Es compleja y delicada la situación, sin muchas esperanzas de que se reencauce el destino de La Paz hacia sus verdaderas y vocacionales metas.
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