Asambleísta retornó al Legislativo
> Asumió su defensa legal en libertad luego de desvirtuar todo riesgo dentro de las investigaciones
El diputado Amilcar Barral, imputado por la presunta extorsión a presos de la cárcel de San Pedro, podrá ejercer su derecho al trabajo a partir de hoy, según disposición de la juez del Tribunal 4º Anticorrupción, Melina Lima, en audiencia efectuada ayer.
“Nos concedieron las salidas laborales, desvirtuamos (los riesgos procesales) con documentación. Ahora retomamos las funciones con mayor fuerza, hay muchas cosas que hacer (…) este tiempo nos ayudó a reflexionar”, declaró optimista Barral.
El abogado del diputado, Ricardo Maldonado, explicó que las salidas laborales de su cliente son en los horarios de 08.00 a 19.00 horas de lunes a viernes, el fin de semana deberá continuar con la detención domiciliaria.
La juez Lima determinó hace un mes, en audiencia de medidas cautelares, detención domiciliaria sin derecho al trabajo para el diputado, Barral. El legislador fue imputado por los delitos de extorsión, uso indebido de influencias y cohecho pasivo propio.
Barral explicó que se presentaron varias irregularidades para que esa audiencia se instale. Puntualizó que en al menos tres oportunidades se suspendió y se esperó un mes para lograr notificar a las partes, según el legislador representantes del Ministerio de Gobierno no fueron citados a tiempo.
La modificación a la medida cautelar para conceder salidas laborales al diputado Barral fue desarrollada ayer, en horas de la tarde en el Tribunal Cuarto Anticorrupción y Contra la Violencia de La Paz.
Hace un mes, el legislador fue aprehendido junto a su asistente, ambos denunciados por el exalcalde Édgar Patana (MAS), quien interpuso una acción legal contra Barral por una presunta extorsión al interior de la cárcel de San Pedro, donde se encontraba recluido Patana.
No obstante, Barral aseguró que todo fue armando por el exalcalde para impedir que se investigue las irregularidades al interior de la cárcel. Según Barral, Patana era uno de los principales responsables de la construcción y la venta de celdas en la sección Posta.
Señaló que Patana buscaba incriminarlo “plantándole” pruebas para detener su rol de fiscalización, “lo he denunciado por venta de celdas (...) yo lo he denunciado y resulta que él me ha denunciado”, declaró recientemente el diputado.
PATANA VENDÍA CELDAS
Según la denuncia de Barral, el exalcalde Patana vendía celdas en 10 y hasta 13 mil dólares dentro del penal paceño. Después de conocerse esas presuntas irregularidades, de manera sorpresiva, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Fernando Pizarro, informó el trasladó de Patana de la cárcel de San Pedro a la de Patacamaya, “cumpliendo con una resolución de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario se dispuso este traslado”, entonces declaró Pizarro.
En 2017, el exalcalde alteño fue sentenciado a cuatro años de cárcel por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la adquisición de 33 vehículos para esa ciudad, cuando ejercía funciones ediles.
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