Existe mucha cautela en empresarios para invertir

El pueblo y el gobierno reclaman constantemente la urgencia de invertir; pero los empresarios demuestran tener mucha cautela para hacerlo, debido a que no existen las condiciones apropiadas y la propia Ley de Inversiones no cuenta con la reglamentación tan necesaria que muchas veces había ofrecido el régimen del MAS y que nunca se concreta. La misma cautela y hasta temores abrigan quienes, a nivel internacional, tendrían deseo y capacidad para invertir en Bolivia, pero no confían en las promesas y ofertas gubernamentales y esperan mejores tiempos y concreción de efectivas garantías y vigencia de la justicia en todo sentido para invertir no solamente medios financieros sino también tecnológicos y humanos.

De acuerdo con informes oficiales, “la inversión pública se elevó de 629 millones de dólares en 2005 a 4.458 millones de dólares en 2018’; en cambio, la inversión privada pasó de 586 millones de dólares a 2.791 millones. En la última década los ingresos tributarios se han incrementado notablemente, ‘aun sin que las tasas impositivas del Sistema Tributario hayan sido modificadas’, aspecto que va en línea con el aumento de los ingresos de la población, quienes cumplen con su obligación tributaria”.

Por su parte, el Ministerio de Economía sostiene: “… se ha contribuido al sector empresarial porque se ha coadyuvado con el incremento de las ventas que generaron mayores utilidades, que ascienden aún más con la serie de disposiciones que presenta el actual régimen tributario”; sin embargo, el Banco Mundial “observó el sistema impositivo del país que se encuentra entre los que no impulsan el desarrollo de las empresas”. Por su parte, los empresarios creen que el gobierno “debería modificar el sistema impositivo para que la inversión y la actividad económica se dinamicen”.

El empresariado privado se ha referido en múltiples oportunidades a que se hace difícil invertir en una situación donde las presiones tributarias son altas y permanentes, menos cuando la Ley de Inversiones aún no tiene una reglamentación precisa y confiable y mucho menos cuando el contrabando sigue siendo un factor importante que dificulta el trabajo del sector privado.

Mucho se ha prometido por parte de las autoridades de gobierno en sentido de que “habrá frenos importantes a la acción ilegal del contrabando, que es competencia para el sector legal, que podría tener oportunidades mayores para las inversiones si realmente no tuviese que enfrentar las acciones de la economía informal”; pero no se hace lo suficiente para frenar el contrabando que ha resultado ser parte fundamental de la economía nacional a costa de toda la actividad privada que se ve imposibilitada de invertir, aumentar producción y producir más ingresos tributarios para el Estado.