Israel Camacho Monje
En diciembre de 2018 se hizo la primera denuncia de “violación sexual en grupo” a una jovencita en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando cuatro estudiantes de una institución educacional, decidieron violar a una compañera de curso menor de edad, a la misma que con el pretexto de tomar un refresco la llevaron a un restaurante, y como seguramente ya tenían preparado el plan criminal, a los pocos minutos la menor de edad fue sacada del restaurante y la introdujeron en un vehículo motorizado para luego llevarla hasta un motel, de los muchos que funcionan en dicha ciudad. Y una vez en el interior de una pieza, procedieron a la violación sexual en grupo.
Pero debido al sistema burocrático de nuestra justicia boliviana, clara y crudamente reflejado en la tardanza de todos los procesos judiciales, la resolución del caso puede tardar meses o años, o también puede caer en el olvido, como estaba a punto de suceder con el primer hecho de violación sexual grupal, denunciado en nuestro país.
Sin embargo, pasados tan solo tres meses, en marzo de 2019 se dio el segundo caso, con las mismas características que el primero, pero con el aumento en número de los violadores sexuales, que subieron a seis, y nuestra justicia boliviana bien gracias, sin hacer algo al respecto, como dando a entender que las violaciones sexuales a menores de edad volverían a niveles anteriores, cuando el violador sexual era uno y una la inocente víctima.
Pero vaya sorpresa que nos llevamos, cuando a solo a siete meses del primer caso, en julio de 2019 se denunciaba una tercera violación sexual en grupo, con las mismas características de las dos violaciones anteriores, y además se mantenía el número de los vejadores en seis, y claro está con la única diferencia de que cuatro violadores eran menores de edad, pero los otros dos eran mayores de edad.
Y es que ante la no existencia en nuestro país de una justicia que castigue drásticamente y en el momento en que se cometan estas atrocidades, lo único que se está consiguiendo es que los violadores sexuales de menores de edad y adultos tengan la plena seguridad de que quedarán impunes.
Y el ciudadano común boliviano no puede menos que lamentar que las sádicas violaciones sexuales en grupo a menores de edad, haya llegado a sumar a tres inocentes víctimas menores de edad, y a no dudar de otros casos, pero que no son de conocimiento público, y que con el paso de los meses seguirán subiendo el número de víctimas, así como también aumentará el número de violadores sexuales en grupo.
Por todo lo anterior, el ciudadano común considera que el primer acto del próximo gobierno, gestión 2020-25, debe ser la urgente renovación de todo el Poder Judicial, y la implantación de un nuevo artículo en nuestro Código Penal, que sancione sin contemplación alguna con la castración química a los violadores sexuales, sean menores de edad o adultos. ¿Verdad que sí?
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