Pequeños empresarios se declaran en emergencia

La Federación de la Pequeña y Microempresa de la ciudad de El Alto se declaró en emergencia, demandando al Gobierno nacional el cumplimiento del Decreto Supremo 28761, por el cual los vendedores de ropa usada debían cambiar de rubro.

El secretario de Organización de Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa (Fermype) de El Alto, Luis Ortíz, informó que su sector se declaró en estado de emergencia y advierten que no permitirán la legalización de la venta de ropa usada a través de la abrogación del Decreto Supremo Nº 28761.

Informó que en el ampliado a realizarse esta semana se asumiría una serie de medidas de presión ante la pretensión del sector de los vendedores de ropa usada de legalizar la venta de estos productos.

“Nosotros vamos a asumir medidas de presión en contra del Gobierno por permitir el ingreso de ropa usada, por eso nosotros estamos analizando las medidas de presión. Además hace diez años estas personas han recibido dinero del Gobierno con el Decreto 28761 para promover otras fuentes de trabajo, pero al contrario los ‘ropavejeros’ han usado ese dinero para mejorar y ampliar sus negocios”, afirmó.

Según los datos de Fermype en la ciudad de El Alto existen microempresas que se dedican mayormente a textiles, muebles, metalmecánica y alimentos, pero muchas tuvieron que cerrar por la competencia desleal de la venta de ropa usada y los efectos negativos para la industria nacional.

“No entendemos al Gobierno porque por un lado dice que hay que fomentar la industria nacional y después fomenta la venta de ropa usada”, afirmó.

Juan Carlos Apaza, presidente de Fermype, afirmó que al menos 300.000 unidades productivas en la ciudad de El Alto fueron afectadas por la competencia de la venta ilegal de prendería a medio uso.

“Queremos hacer conocer nuestra molestia contra los ropavejeros a los que hace cinco años se les dio un crédito para cambiar de rubro y no han cumplido y ahora queriendo tributar quieren legalizar la venta de la ropa usada; al querer legalizar están matando a la industria nacional, por eso nos declaramos en estado de emergencia, somos el 85 por ciento quienes generamos empleo en el país y lo queremos es que se reactive la producción nacional”, sostuvo.

Ortiz, recordó que en anteriores años se entregó al sector de la ropa usada hasta 10.000 dólares “por cabeza” a manera de crédito para que inicien la conversión de su actividad a una productiva.

Adelantaron que las Fermype de Viacha, Palos Blancos, Caranavi, El Alto, La Paz y a nivel nacional determinarán las acciones a asumir en defensa de las unidades productivas.

En la semana los vendedores de ropa usada reactivaron sus protestas y marcharon en La Paz solicitando al Gobierno revisar el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la internación y la venta de esta mercadería en el país, medidas que la ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, calificó de “políticas”.

Durante las marcha de la semana pasada, los representantes del ilegal comercio de ropa usada pidieron fuentes laborales al Gobierno nacional, ante el fracaso de la reconversión productiva que solo se desvió a “bolsillos de dirigentes”.

Con mochilas o bultos de aguayo amarrados y cargados en la espalda, chulos en la cabeza, tenis o botas abrigadas los varones y en el caso de las mujeres de pollera medias gruesas, zapatos o tenis, además de maletines cargados y sus hijos envueltos en aguayos son los objetos con los cuales recorrieron la sede de Gobierno demandando fuentes de empleo digno ante el fracaso de la denominada reconversión productiva.

Pese al frío y la nieve, los cientos de comercializadores de prendería de segunda mano de diferentes regiones establecen que no pueden seguir vendiendo al detalle no solo como consecuencia de los controles, a la ilegal actividad, realizados por la Aduana o los decomisos aplicados en algunas regiones por los militares, sino sobre todo porque ese proceso incrementa de sobre manera el valor de los fardos de ropa usada que continúa siendo internado por los contrabandistas, aspecto que genera perjuicios a quienes deben recuperar su capital invertido en dichas prendas.