¿Por qué la justicia es un desastre?

No obstante de las transiciones hechas por el ejecutivo, la crisis en el Órgano Judicial todavía persiste, no existen señales favorables para que las cosas vayan a cambiar en el corto plazo, las denuncias de la población acerca de cómo se administra justicia en el país son recurrentes.

Los gobernantes a su turno siempre prometieron solucionar este problema, pero al final nada de ello sucedió, por el contrario, ha empeorado.

Antes del Estado Plurinacional (22 de enero de 2010), la administración de justicia ya presentaba serios problemas, que fueron agravados por el sistema de partidos que degeneró en una partidocracia que cooptó las principales instituciones del Estado. Bajo el modelo de la democracia representativa, los partidos políticos se constituyeron en los principales actores de la política, la elección de las autoridades del Órgano Judicial estaba reservada exclusivamente para los parlamentarios, quienes en la mayoría de los casos (solo) cuidaban sus intereses políticos y económicos.

Estudios realizados sobre la justicia indican que desde 1982 a 1997, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo era bastante, la designación se realizaba por acuerdos políticos en función a la mayoría parlamentaria, asimismo, el Ministerio Público (Fiscalía) legalmente dependía del Ministerio de Gobierno (antes denominado del Interior), ellos designaban a los Fiscales.

Ese fue el motivo principal para que a partir del año 2011 se elija a las autoridades judiciales a través del sufragio popular; es muy posible que el tiempo sea breve para evaluar los resultados, empero, autoridades y ciudadanía expresan su malestar por la forma cómo se administra justicia, esa especie de círculo vicioso y perverso continúa, como lo reconoció el propio vicepresidente García Linera cuando dijo “la justicia en Bolivia está podrida”.

Sin embargo, debe quedar claro que la injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial coadyuva en el agravamiento del desastre en la administración de justicia. La independencia judicial es garantía de la tutela de los derechos de las personas en procesos judiciales, dicha independencia del Órgano Judicial es parte de la división de poderes, los “checks and balances” (controles y contrapesos) son necesarios para una verdadera democracia.

Esta crisis también se evidencia en la inefectiva dinámica procesal, cuyo principio de celeridad, que es la agilidad y diligencia de los operadores de justicia, ya estuvo plasmado en la Ley de Organización Judicial de 1972 (Art. 242): “la celeridad en los trámites judiciales es obligación de los magistrados, jueces, fiscales y dependientes. Toda demora injustificada en la sustanciación y resolución de los procesos los hace responsables bajo sanción de apercibimiento, multas o exoneración, sin perjuicio de procesamiento penal, según los casos y de acuerdo con la ley”; al igual que en la actual Ley 025 del Órgano Judicial (Art.3) y en la Constitución Política del Estado (Art. 178).

Por diversos motivos, la celeridad es la que menos se practica, hay procesos que son observados o rechazados por no cumplir con ciertas formalidades (no se aplica el principio pro actione), hay una excesiva cantidad de causas anuladas por esos defectos. La falta de idoneidad, mala fe o conducta corrupta de los operadores de justicia, afecta a la economía del litigante, le hace perder tiempo y lo que es peor, crece la desconfianza en la justicia.

Otro aspecto, tal vez el más importante, pero el menos debatido, es lo que sucede en el claustro universitario, con la formación de los profesionales abogados, donde no solo el problema es académico, es también la corrupción, dado que existen algunos docentes que no cumplen con ese adagio inglés que dice: el primer principio de la educación es predicar con el ejemplo, puesto que hacen lo contrario, por ejemplo, no pierden la ocasión para “aprovecharse” de los estudiantes, debido a que les obligan a comprar sus textos, los cuales en la mayoría de los casos son simplemente fotocopias al doble o triple de su valor real, a bailar en la entrada universitaria, o los denominados “aportes voluntarios”, todo por puntos y otras cuitas.

A posteriori las consecuencias son nefastas, (luego de haber terminado la carrera y habiendo pasado por muchas de esas vicisitudes), porque el flamante abogado en el ejercicio de la profesión lo primero que hace es recuperar lo “invertido”, incluso muchas veces por influjo de su familia, es ahí donde pierde sus valores y principios éticos morales (el fin justifica los medios), convirtiéndose a la postre en un profesional corrupto o muy proclive a las prácticas fraudulentas.

¿Qué hacer para evitar que la justicia siga sumida en el desastre? Por cierto, no es tarea fácil, las medidas que se va adoptando en el plano legal y administrativo, además de mejorar la formación profesional, sin duda son importantes; pero es mucho más trascendental contar con un capital humano “honesty” (que tenga honestidad y honradez), por razones obvias, a fin de revertir la dramática situación que vive la justicia. Sin justicia no hay sociedad sostenible.

El autor es Politólogo – Abogado.

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