Lamentan insulso gasto de recursos
> “Se percibe protección por intereses poco claros de involucrados en las esferas del poder”, señaló el diputado Wilson Santa María
Juristas, asambleístas locales y departamentales y el comandante general de la Policía, Vladimir Y. Calderón, condenaron la “ínfima” condena dispuesta contra Pedro Montenegro, coincidieron en señalar que la sentencia dictada no responde a la situación jurídica del narcotraficante extraditable Pedro Montenegro. “Desmerece el trabajo de la Policía que extremó esfuerzos para capturarlo”, señaló Calderón.
La autoridad policial expresó su desacuerdo con la actuación de las autoridades judiciales y señaló que no justifica el despliegue de los recursos utilizados para su captura.
“Hemos interpuesto todos los esfuerzos y lamentamos que la justicia pueda solamente dictar una pena tan ínfima, eso desmerece el trabajo policial, pero somos respetuosos del trabajo judicial”, manifestó.
El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz, el miércoles pasado, condenó a Pedro Montenegro a privación de libertad de 6 años de que deberá cumplir en el penal de Palmasola por los delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.
INTERESES DE PODER
El diputado Wilson Santa María señaló que la búsqueda y aparatosa presentación del narcotraficante Pedro Montenegro, requerido por la justicia brasileña mediante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para luego sentenciarlo a seis años de privación de libertad con cargos por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, evidencian el interés político para proteger las irregularidades y los delitos vinculados al narcotráfico dentro del Movimiento Al socialismo (MAS). “El Gobierno tiene (materia justiciable) y el pedido de extradición, porque cuando ese proceso prospere, habiendo sido requerido con anticipación al inicio de una sentencia en Bolivia debía ser extraditado, eso no va a ocurrir. Aquí se protegen otros intereses, participación de concejales en Santa Cruz, Asambleístas del MAS y otros dirigentes que al MAS le interesa mantenerlos en silencio, por eso se ha acelerado tanto la sentencia solamente por falsedad material”, afirmó el diputado.
Señaló que bajo el actual estado de la situación jurídica de Montenegro, Brasil deberá esperar varios años para que sea presentado ante la justicia de ese país.
CUESTIONAN SANCIONES
Desde Cochabamba, el asambleísita de oposición Mario Orellana en declaraciones a radio Fides indicó que el sistema judicial expone un pésimo antecedente para la sanción de delitos de narcotráfico y una mala señal acerca de cómo se libra este caso en estrados bolivianos.
“En unos tres años el señor Montenegro va a estar en libertad sin que se haya viabilizado prioritariamente la solicitud de extradición de Brasil para que sea condenado en ese país y luego cumpla las sanciones que le ha impuesto la justicia boliviana (…) se corre el riesgo de que este tipo de señales aliente a los capos del narcotráfico sigan operando en nuestro país en complicidad con cárteles internacionales”, señaló Orellana.
Agregó que es un “nefasto hecho” para la imagen internacional del país, pero el Gobierno conoce sus razones para tal decisión.
CARGOS POR
NARCOTRÁFICO
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa, señaló que la cuestionada sentencia por los cargos más leves contra Pedro Montenegro no perturban los otros tres procesos por delito de tráfico sustancias controladas, asociación delictuosa y criminal, confabulación ligada a la ley de sustancias controladas.
La autoridad de Estado afirmó que un segundo proceso penal en curso contra Montenegro tiene que ver con la legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero proveniente de hechos delictivos), el mismo que dentro la normativa nacional dispone penas carcelarias por encima de los 15 años de privación de libertad.
“En los otros procesos penales, como parte querellante vamos a exigir no solo celeridad, sino que se castigue con el máximo rigor al señor Montenegro y a todos aquellos que han formado parte de su organización criminal”, remarcó el ministro de Gobierno.
A su vez, el fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero Palma, declaró que el Ministerio Público no protege a Pedro Montenegro Paz, quien continúa siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias Ilícitas y tráfico de sustancias controladas y anunció que por ambas tipificaciones delictivas planteará ante la autoridad judicial la pena máxima de 25 años de cárcel.
“En el caso del señor Montenegro pediremos la sanción máxima de 10 años por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, mientras que en el caso de tráfico de sustancias controladas vamos a solicitar la pena máxima de 25 años de privación de libertad de acuerdo al Código Penal Boliviano”, remarcó el fiscal Salguero.
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