Elecciones amañadas

El próximo mes de octubre la ciudadanía acudirá a los recintos electorales a emitir su voto para elegir a los gobernantes y a sus representantes en el Órgano Legislativo, por mandato de la Constitución Política del Estado y normas menores, que disponen que cada cinco años debe darse la alternabilidad en la conducción del gobierno del Estado, que es además uno de los principios de la doctrina democrática.

En los ya casi catorce años de ejercicio del poder político continuo del actual gobierno, se ha efectuado varias consultas al pueblo sobre diversos fines, como aprobación de la reforma constitucional, revocatorio, elecciones presidenciales, elección de magistrados del Órgano Judicial, referéndum, etc., en casi todas ganó el oficialismo, pero con fraude, pues votaron muertos, ausentes del país y otros. No olvidemos que la prensa encontró que se llenaba cédulas de identidad en horas de la noche en la sede de gobierno y en Santa Cruz se encontró en la calle un saco lleno de cédulas que fueron entregadas al periodista Valverde Bravo.

Precisamente una de las vulneraciones al derecho de los ciudadanos de ejercer libremente su derecho a elegir, es el “fraude electoral”, que suplanta y altera esa voluntad, lo que la doctrina considera un atentado a los derechos humanos. Lo que sucede es que los regímenes del populismo izquierdista, que en algunos países sudamericanos se hicieron del poder por más de una década, están de bajada, pues los niveles de corrupción, desgobierno y represión han determinado que la ciudadanía los eche del poder mediante el voto. Y en Venezuela se aferran al poder mediante la fuerza y el asesinato de miles de ciudadanos, al igual que en Nicaragua.

En nuestro país, el proceso electoral que concluirá en octubre, desde su inicio está plagado de irregularidades e ilegalidades, pues su máxima autoridad, el Tribunal Supremo Electoral, ha validado la candidatura del presidente y vicepresidente en ejercicio, vulnerando lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y el resultado del referéndum que, en febrero de 2016, negó la posibilidad de un nueva postulación. Amparándose en un ilegal fallo de la instancia judicial para conocer los asuntos referidos a la Constitución, el TCP se atribuyó la competencia de modificar la Constitución con el falso argumento de que el ser reelecto de por vida es un derecho humano.

En los días pasados, la ciudadanía de la ciudad beniana de Riberalta ha descubierto que en dos domicilios particulares se procedía a empadronar a ciudadanos de esa ciudad, para que voten en Pando, para lo cual trasladaron personal, equipos y dinero para pagar a los que se empadronaban, cometiendo un grave delito “electoral”. Algunos oficialistas de la Asamblea Legislativa declararon que esa era práctica desde el pasado, las investigaciones seguramente quedarán en nada, como sucede con todos los casos en los que se involucra a gente al servicio del gobierno.

Lo más lamentable de estos dos casos descubiertos es que las autoridades responsables creen que los bolivianos somos estúpidos, declarando que es un problema de las personas que empadronaban. Seguramente se trasladaron y pagaron a los que se empadronaban, con sus propios recursos. Sólo en el último caso, tres personas fueron detenidas y el resto “bien gracias”, pues sabemos que los fiscales y jueces son fieles servidores no de la ley –como debería ser- sino de los intereses del gobierno.

La apurada Ley de Partidos Políticos y el calendario electoral tienen como objetivo favorecer a los ilegales e ilegítimos candidatos del oficialismo, que haciendo uso y abuso de los bienes públicos, han ya cometido algunas infracciones electorales, como ofrecer obras a cambio de votos, efectuar proselitismo antes de lo previsto, comentarios sobre encuestas, etc., sin que las autoridades electorales cumplan con sus obligaciones de sancionar estos excesos de poder.

Las encuestas electorales que le atribuyen al presidente-candidato el triunfo, dándole en Potosí el 53%, son otra muestra de “amaño electoral”, pues todos sabemos que en ese hermano departamento el rechazo al oficialismo es contundente. Lo que sucede es que se hace las encuestas electorales para quien las paga.

Las Cortes Electorales Departamentales y la Nacional (TSE) no gozan de credibilidad, pues la ciudadanía sabe que sus miembros son funcionales al gobierno y, en consecuencia, los resultados de las elecciones ilegales, serán también ilegales. Ya el 70% de ciudadanos consultados sobre los resultados de la elección de octubre, afirma que ganará el candidato oficial e ilegal, pero con “fraude”.

El autor es Abogado y Politólogo.