Segundo dirigente de Adepcoca fue enviado a la cárcel de Oruro

El representante legal y segundo hombre fuerte de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Sergio Pampa, fue enviado a la cárcel de Oruro. La juez tercero anticorrupción, Claudia Castro, determinó la medida cautelar contra el dirigente, a la vez dictaminó la detención preventiva de Saúl Tito Apaza en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.

“La resolución de la juez ha sido clara, detención preventiva para Saúl Tito Apaza en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz y para Sergio Pampa detención en la cárcel de Oruro. La juez no tomó en cuenta que ninguna de las presuntas víctimas no lo haya identificado como el que ocasionó los destrozos en las viviendas”, precisó el abogado Omar Durán.

La Fiscalía investiga a Pampa por los delitos de lesiones graves y leves, amenazas, allanamiento de domicilio o sus dependencias, daño calificado, robo agravado, y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas o asfixiantes, dentro de uno de los cinco procesos que se activaron contra el dirigente.

El dirigente de Adepcoca fue capturado el pasado miércoles cerca del mediodía en alrededores de la plaza Riosinho, en La Paz por un grupo de inteligencia de la Policía. Según la versión de sus acompañantes el representante de los cocaleros de los Yungas fue preso en un vehículo en el que se encontraba con un amigo, además de una mujer y su hija, tras abordar el motorizado con engaños.

Horas antes de la captura de pampa, la policía aprehendió al dirigente cocalero Saúl Tito en la localidad La Asunta, presuntamente en posesión de una “gran cantidad” de masa de dinamita, guías y fulminantes, según las declaraciones de la policía.

DENUNCIA

Durán explicó que en ninguno de estos casos se evidenció que el dirigente de Adepcoca haya sido parte, aseguró que el Ministerio Público actúa bajo órdenes del gobierno de Evo Morales para acallar a la dirigencia de Adepcoca y tomar esas instalaciones con fines políticos.

Aseveró que agotarán todas las instancias legales en el país para lograr la libertad del dirigente. En caso de que no exista ninguna respuesta, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando la vulneración de los derechos humanos y el debido proceso.

Entretanto, las regionales de productores de coca de los Yungas están planificando medidas de presión en contra del gobierno por la constante persecución de sus líderes sindicales.