La Constitución Política del Estado en el Art. 15.II. ordena: “Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia, física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad”. Según el experto en criminalística Emilio Vizcarra, son causas para el feminicidio, en lo privado: 1) La infidelidad del hombre, la mujer o de ambos. 2) El consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 3) La Psicopatía. Otros factores que vemos a diario son: Incumplimiento del pago de alimentación para los hijos a cargo de las mujeres, el machismo imperante en Bolivia, sobre la posesión de la mujer (“ella me pertenece”).
En lo público: Abuso de poder de autoridades, empezando por Evo Morales, por la violencia psicológica, como el insulto y sus bromas pesadas que ofenden no solo a su gabinete, sino en general a las mujeres de Bolivia; el gobernador Esteban Urquizu, el alcalde Percy Fernández, por acoso político y violencia física (manoseo del cuerpo de servidoras); pero el Ministro de “Justicia” considera exagerado que se plantee proceso judicial por acoso sexual contra su correligionario Esteban Urquizu; y el Ministro de Gobierno acepta que Bolivia tiene la tasa más alta de feminicidios respecto a los demás países de Latinoamérica.
En 2013 fue promulgada la Ley 348 “Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia” que tipifica el delito de feminicidio (Art. 252 bis del Código Penal) con una sanción de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Sin embargo el Fiscal General del Estado no cumple su función de aplicar justicia a los feminicidas, e informa que en los departamentos del eje central del país hay más registros de feminicidios. De los 73 registrados hasta hoy, La Paz supera a todos con 25, Cochabamba 15, Santa Cruz 10, Oruro 7, Beni 4, Tarija 4, Potosí 4, Pando 2 y Chuquisaca 2.
Por otro lado, el Gabinete de Lucha Contra la Violencia, que preside Evo Morales, con 7 ministerios, desde su creación no da muestras de reducir el índice de muertes de mujeres por los feminicidas.
Frente a esta cadena de feminicidios, el “Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las mujeres”, junto con otras organizaciones de mujeres y activistas, realiza Tribunales contra la Impunidad de estos hechos que dejaron hasta ahora más de 140 huérfanos menores. Por ello tomó las siguientes determinaciones:
1) El 2do. Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad impone una sanción social en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, ya que los servidores: Fiscales Susana Boyán y Genaro Quenta generan retardación, negación de justicia e impunidad en el proceso penal sobre el asesinato de la ex concejala Juana Quispe Apaza, incurrieron en violación de los derechos previstos en la CPE y Tratados Internacionales.
2) La sanción moral y social, frente a la impunidad en el marco de la CPE, en sus Arts. 241 y 242, de control social a las acciones de las instancias públicas que incumplen, denunciamos ante la CIDH sobre la impunidad en el caso de Juana Quispe. 3) El 3er. Tribunal resuelve: ante la parte peticionaria constituida por el Sr. Víctor Pillco, padre de la víctima, Ma. Isabel Pillco, su abogada la Dra. Audalia Zurita, seguir con el proceso hasta lograr justicia.
Los efectos: Los feminicidas libres, ante la impunidad por las autoridades, vuelven a cometer otros feminicidios. Exigimos al gobierno frenar este flagelo que afecta a las mujeres, introduciendo a la currícula estudiantil los Derechos de las Mujeres y crear Escuelas de Padres de Familia para tomar conciencia del respeto a los Derechos Humanos, e instruir a jueces y fiscales que NO liberen a los feminicidas, reducción del consumo de alcohol, especialmente en las fiestas y declarar Alerta Nacional. Las mujeres no se autoengañen y NO sigan con quienes las maltratan, porque acabarán en el cementerio.
La autora es Economista - Abogada Constitucionalista.
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